Expertos indican que el fondo de la medida es positivo, aunque ya está detallado en el plan de masificación del gas. Consideran inviable que el Estado se encargue de estas inversiones por temas de capacidad de gestión y financiero.
Una de las propuestas que se plasma en el recientemente publicado plan de gobierno del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, a aplicarse en los primeros 100 días de su eventual gestión es construir una red nacional de gasoductos.
“La masificación del gas debe ser una política de Estado; fortaleciéndose la gestión de empresa pública, regulando una política de subsidios por destino y uso: domiciliario, industrial, otros, favoreciendo la rentabilidad social del recurso”, señala el texto.
En este sentido, se detalla que se relanzará la construcción del gasoducto sur peruano.
Álvaro Ríos, socio director de Gas Energy Latin América, indicó que la visión de masificar este recurso es positiva, pero precisó que deben considerarse aspectos para asegurar su viabilidad.
“Estoy totalmente de acuerdo con que se requiere que el gas llegue al norte y sur del país, fuera de Lima, Callao e Ica; pero estoy en total desacuerdo en medidas contra la inversión privada”, apuntó.
Ríos indicó que el país requiere con urgencia de la construcción de gasoductos troncales a lo largo del país, los cuales deben estar incluidos en una política pública de energía sustentable. Sin embargo, precisó que debe plantearse su ejecución, por ejemplo, bajo el mismo esquema que se utiliza para las carreteras (construirlas o licitar las obras y, posteriormente, concesionarlas).
“Bajo el modelo de carreteras, [es viable que el gobierno] pueda hacer dos gasoductos más. Si hay un pequeño subsidio para las empresas en infraestructura, bienvenido. Pero el Estado no debe ser empresario. Debe concesionarlas porque no es eficiente. Tiene demasiada burocracia”, precisó Ríos.
A su turno, Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana Hidrocarburos (SPH), consideró que la propuesta del candidato Castillo resulta totalmente inviable, debido a que el desarrollo de la masificación del gas requiere de una inversión fuerte.
“Primero mencionar que lo dicho por él [Pedro Castillo] no es nada nuevo. Eso ya es parte hoy del plan de masificación del gas. Ahora bien, el Estado no puede ejecutar esto porque son miles de millones de dólares que se requieren y no se tiene ese dinero. Solo podría darse por inversión privada, pero esta no llegaría porque él no les genera confianza [por sus frecuentes declaraciones]”, comentó Cantuarias.
“El Estado peruano no tiene los recursos para hacerlo. Es inviable su propuesta. Resulta demagogo”, complementó.
Cantuarias indicó que a este escenario que evidencia su inviabilidad, incluso, se le debe agregar que Castillo anunció recientemente que iba a prohibir ciertas importaciones, con lo que se concreta que generará los efectos contrarios a lo que propone.
“Al prohibir las importaciones, vas a generar desabastecimiento de gas licuado del petróleo (GLP) y su precio va a subir. Nosotros importamos GLP. La producción solo puede aumentarse elevando sus capacidades instaladas. Entonces, solo se va a perjudicar a quienes menos tienen”, refirió.
ASPECTO TRIBUTARIO
Como se recuerda, en el Ideario y Programa de Perú Libre, cuyo autor es Vladimir Cerrón, se menciona que “el verdadero impuesto anual entre canon gasífero, regalías e impuesto a la renta que debe cobrarse asciende a un monto de US$23.000 millones”, cuando “actualmente pagan US$1.135 millones”.
En el plan de gobierno para los 100 primeros días no se refiere directamente a los impuestos para la explotación del gas de Camisea. Pero sí menciona la “renegociación de contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas”.
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Ríos indicó que las renegociaciones pueden darse, pero las decisiones no pueden tomarse de manera unilateral, sin consenso.
En esta misma línea, Cantuarias mencionó que la propuesta de Castillo “no tiene sustento técnico” y que las renegociaciones nunca deben darse de manera autoritaria, pues no hacen otra cosa más que generar consecuencias negativas.
“Todos los inversionistas confían en que se mantengan las reglas de juego. Ahora, la única forma de nacionalizar, de lo que habla Castillo, es estatizar, que el Estado tome el control. Y eso implica una serie de incumplimientos contractuales, legales e, incluso, políticos”, subrayó.
Por último, Cantuarias agregó que el modelo boliviano que se plantea implementar en el país no ha generado buenos resultados, sino que, por el contrario, produjo la caída de las reservas y, por defecto, de los ingresos del país.
