La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) solicitó al ministro de Trabajo, Eduardo García, reevaluar la derogación del Decreto Supremo N° 001-2022-TR, que limita la tercerización laboral.
“Si bien nos encontramos de acuerdo con la reactivación del diálogo tripartito que incluye al sector privado, aquel no es genuino si se mantienen medidas cuyo origen ha sido arbitrario (el DS N° 001-2022-TR fue dado de modo inconsulto), vulnerando el principio de legalidad, afectando derechos fundamentales y con graves consecuencias para toda la economía nacional”, dijo Favio León Lecca, presidente de Asppor.
León explicó que cuando el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, impuso un cambio en el reglamento del régimen de tercerización laboral, limitando de forma extrema este tipo de contratación solo a las actividades principales que no forman parte del núcleo del negocio de la empresa, a pesar que la propia ley no contempla dicho criterio restrictivo.
Agregó que, para Asppor, el Decreto Supremo no es preciso en señalar el contenido que permite identificar los elementos que conforman “el núcleo del negocio” ni la manera de aplicar dichos criterios.
“Ello supone una transgresión del principio de legalidad en el extremo del subprincipio de ley cierta, que es la exigencia por la cual la tipificación se debe llevar a cabo de manera clara y precisa para comprender en qué consiste la conducta susceptible de ser sancionada. Es decir, que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado”, refirió.
En ese sentido, León comentó que la norma también vulnera el derecho fundamental de las personas jurídicas a contratar libremente, el cual se conforma por elegir si contratar o no, con quién contratar y las condiciones del contrato.
“Este decreto emitido inconsultamente representa una transgresión del Estado, a sus compromisos internacionales. La vigencia de la norma hasta el momento solo implica la continuidad de la vulneración de dichos principios y derechos fundamentales”, acotó.
