Guillermo Shino indicó que este reclamo de la población apunta al sector minero que ya está acostumbrado a que se le atribuya la responsabilidad de la falta de infraestructura y servicios básicos en las localidades en las que se desarrolla.
“Según el Minem, los gobiernos regionales y locales de esta Macrorregión recibieron más de S/5,110 millones entre enero y diciembre de 2022. Esta cifra comprende el tan ansiado canon minero, regalías mineras legales y contractuales y el derecho de vigencia y penalidad: impuestos que paga la minería en el Perú y que son de los más altos de Latinoamérica”, dijo.
Asimismo, comentó que el canon que va directamente a los gobiernos regionales debe destinarse a obras que mejoren la calidad de vida de la población, cosa que no ha estado sucediendo.
“En teoría, de aquí deberían construirse carreteras a los sectores más alejados, erigirse centros de salud y mejorar las escuelas. La realidad es que la política entra a tallar y, en el mejor de los casos, las obras se hacen para obtener votos en las próximas elecciones. Por ende, no llegan a las zonas más vulnerables”, afirmó.
Por último, explicó que la labor del Ejecutivo ha sido nula.
“Por ejemplo, en la provincia de Parinacochas en Ayacucho, se ha decretado emergencia por déficit hídrico, pero no existe ninguna acción concreta. Hace más de 30 años que se habla de la construcción de la represa de Ancascocha, de la cual no hay noticias. La situación es similar con otros proyectos y el gobierno regional señala como principal responsable al gobierno central”, sentenció.
