Ramírez Cancho indicó que de acuerdo con un documento incautado a los senderistas el año 2010, el Fredepa es una fachada del nuevo Sendero Rojo y que sus dirigentes habrían cometido actos de terrorismo, al solicitar que se instale una asamblea constituyente para dictar una nueva Constitución.
Para probar estos presuntos actos de terrorismos, el fiscal hizo mención a videos de seguimiento policial y escuchas de audio, donde los detenidos coordinarían filmar videos de las marchas para difundirlos en las redes sociales y medios de comunicación alternativos. En específico, se menciona un video grabado, el 15 de enero de 2023, con un dron en el sepelio de las víctimas de la represión en las marchas en Ayacucho.
Igualmente, haber participado en conversatorios donde se habla de promover una asamblea constituyente para una nueva Constitución Política del Estado, que para la Fiscalía son actos terroristas de agitación y propaganda.
La Sala advirtió que se habría producido una confusión entre los abogados de la defensa, pues presentaron recursos de nulidad, cuando lo que debieron pedir era la revocatoria de la resolución judicial. Si la resolución se anula, los dirigentes seguirían detenidos, pues la revocatoria saldrían en libertad.
