Otros cambios planteados están vinculados a garantías contractuales, protección al consumidor, cambios tributarios y a la promoción del desarrollo agrario. Además, existen otros 11 PL, adicionales a los 38 mencionados, que proponen una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, de los cuales cuatro basan su argumento en las críticas al régimen económico.
Las iniciativas relacionadas al rol económico del Estado proponen su participación directa en actividades productivas o un mayor control de la actividad privada. Por ejemplo, el archivado PL 2259 planteó la “nacionalización del cobre y la creación de la empresa nacional Las Bambas SAC”, mientras que el PL 2046 busca “acentuar el deber estatal en la industrialización del país”.
Las iniciativas constitucionales para otorgar una mayor participación al Estado en la economía omiten los perjuicios que generaron este tipo de políticas en el pasado. Entre estos casos, se encuentran por ejemplo las propuestas para promover la industrialización del país con la creación de empresas públicas.
Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el ineficiente manejo de estas empresas condujo a pérdidas financieras y mayores pasivos fiscales para la mayoría de las economías que adoptaron estas prácticas.
