La Contraloría General determinó que la Dirección Regional de Salud de Piura (Diresa) adquirió una planta generadora de oxígeno medicinal, valorizada en S/ 2 545 000, a un proveedor que no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas para el establecimiento de salud I-4 de Talara.
De acuerdo al Informe de Control Específico N° 022-2022-2-4529, en agosto de 2021, la entidad compró, mediante contratación directa, una planta de oxígeno tipo PSA de 30 a 35 M3 por hora tipo dúplex; pero la comisión de auditores evidenció que se otorgó la buena pro a un consorcio que no acreditó documentalmente la totalidad de requisitos exigidos.
Además, los funcionarios de la Diresa otorgaron cinco días adicionales al plazo establecido en el contrato (32 días calendarios) para el cumplimiento de la prestación. Luego se declaró procedente la solicitud de la ampliación de plazo n° 1 a pesar de que los hechos no fueron acreditados y el sustento presentado no configuraba la causal invocada de atrasos o paralizaciones no imputables al contratista. Sumado a esto, el funcionario que aprobó esta ampliación no contaba con facultades para hacerlo y omitió pronunciar la segunda ampliación de plazo.
Pese a la necesidad de atender a los pacientes afectados con COVID-19, el equipo sigue inoperativo.
La planta no funcionó desde la instalación realizada por el proveedor que no ha levantado hasta la fecha la totalidad de observaciones. Asimismo, la entidad aprobó la regularización de la contratación directa sin tener las facultades para hacerlo, ya que debió efectuarse mediante acuerdo del Consejo Regional.
El OCI de la Diresa identificó responsabilidad penal en tres exfuncionarios que desempeñaban labores en las áreas de la Oficina Ejecutiva de Administración, Logística y Control Patrimonial. Además, determinó responsabilidad administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría contra estas personas. En otros dos funcionarios se determinó responsabilidad administrativa de entidad, entre ellos un exdirector general.
