La gerente regional de control de la Contraloría en Piura, Mariela Huerta, señaló que año tras año, se viene registrando un incremento de los perjuicios económicos ocasionados por funcionarios públicos en entidades públicas y municipalidades.
Respecto a los municipios, Huerta mencionó que durante el 2022 se detectó que el hecho tiene mucho que ver con el perfil de los funcionarios que tienen a cargo la verificación y supervisión de la ejecución de obras.
“Todos los años la Contraloría no solo en Piura, sino a nivel nacional, registra un incremento en cuanto a perjuicios económicos”, expresó.
En ese sentido, lamentó que las gestiones no cautelen el buen uso de los recursos públicos, por lo que resaltó la necesidad de contratar con profesionales que cumplan con los requisitos para procurar que las obras se ejecuten adecuadamente y no terminen paralizadas.
“Es importante que las gestiones lo tomen en cuenta para efectos de que este profesional sea quien cautele que los contratos, tanto de obras como de supervisión y se cumplan, y puedan terminarse en el tiempo previsto y con los costos previstos. Tenemos un montón de obras paralizadas que a la fecha no están cumpliendo su objetivo”, expresó.
