En las últimas décadas el Perú ha experimentado un crecimiento económico que era impensable en los años 80. Esto se debe principalmente al régimen económico actual, lo que ha sido posible gracias a la Constitución vigente. Es gracias a ella y sus artículos que han logrado evitar la hiperinflación, dejar de desperdiciar impuestos en empresas estatales ineficientes, entre otros avances.
Por ejemplo, el Art. 60: “(…) Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial (…)” hizo posible que el Estado deje de tener tantas empresas públicas quebradas. Esto se logró, ya que se dejó controlar empresas que cumplían objetivos de corto plazo para los políticos de turno, imponiendo pérdidas millonarias que le costaban a todos los peruanos. Es importante destacar que entre 1985 y 1989, las empresas estatales generaron pérdidas totales por 1,7 millones de dólares, casi el 2% del PBI por año.
Por otro lado, los Art. 58 y 59: “(…) el Estado (…) actúa principalmente en (…) promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.” Tengamos en cuenta que sin recursos desperdiciados en aventuras empresariales, el Estado ha podido enfocarse en sus verdaderas prioridades de garantizar derechos, proveer servicios básicos y brindar oportunidades de superación a los sectores menos favorecidos. Sin embargo, hay que reconocer que el cierre de brechas, pudo ser mucho mayor con una mejor gestión pública.
