El capítulo económico de la Constitución de 1993 está compuesto por 32 artículos, desde el 58 hasta el 89, agrupados en 6 capítulos, que han permitido al Perú contar con mayores recursos públicos y atraer inversión productiva, entre otros beneficios, que han sido fundamentales para el desarrollo del país.
El Instituto Peruano de Economía (IPE) señala que, gracias a las reglas de juego predecibles, el sector privado se convirtió en el principal motor de la inversión.
Art. 58, 62 y 63: “La iniciativa privada es libre”. “(…) Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes. (…) Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. (…)». «La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. (…)”
Además, la mayor libertad para emprender duplicó la participación de la inversión privada en la economía, por encima del promedio de la región. De esta manera, por cada S/1 de inversión pública, hay S/4 de inversión privada.
Con respecto a la libre competencia, la Constitución brinda un marco legal que permite al país contar con políticas efectivas para prevenir el abuso de posiciones monopólicas, como el control de fusiones empresariales.
Art. 61 y 65: “El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley (…) puede autorizar ni establecer monopolios. (…)”. “El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. (…)” Cabe mencionar que según la OCDE, la legislación vigente sobre competencia en el Perú es adecuada y alineada a estándares internacionales.
