El régimen económico de la Constitución de 1993 ha sido fundamental para el desarrollo del Perú. Este marco legal ha permitido asegurar que no se repita la hiperinflación, dejar de desperdiciar impuestos en empresas estatales ineficientes, contar con mayores recursos públicos para el cierre de brechas sociales y atraer inversión productiva que genera mejores empleos con mayores salarios.
Según el Art. 84: “El Banco Central (…) tiene autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica. (…) El Banco está prohibido de conceder financiamiento al erario (…)”. Se prohibió que el Banco Central use “la maquinita” para financiar al Gobierno y cubrir los elevados desequilibrios fiscales.
Esto significó mayor independencia para cumplir su objetivo de mantener una inflación baja y estable. Durante los últimos 28 años, la inflación del Perú ha sido una de las más bajas de la región.
Asimismo, este régimen sentó las bases para que el Perú revierta las pérdidas que generaron décadas de malas políticas económicas. El alto crecimiento económico permitió que un peruano promedio tenga casi el triple de ingreso que hace tres décadas, lo cual redujo la pobreza y desigualdad.
Consolidar estos avances requiere corregir las fallas de la gestión pública que impiden un adecuado acceso a derechos y servicios básicos. Un mejor uso de los recursos fiscales generados por el mayor crecimiento pasa por modernizar el Estado y no por una nueva Constitución.
