Entre el 2012 y 2021, el sector minero ha representado en promedio el 12.1% del PBI nacional, proporcionando mediante el canon y regalías una importante fuente de ingresos para los gobiernos regionales y locales. Sin embargo, muchos proyectos mineros se han visto involucrados en conflictos sociales, como sucede en Cajamarca, una de las regiones más importantes para la producción minera en el país.
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), en el 2022, Cajamarca fue la segunda región con mayor producción de oro en el país (21% del total nacional), solo por detrás de La Libertad (33%). Durante ese año, la producción de oro en la región ascendió a alrededor de 20 mil kilogramos finos. Sin embargo, la producción de oro en la región ha venido decreciendo.
El agotamiento de los yacimientos existentes y la ausencia de nuevas inversiones mineras en la región son algunas de las razones detrás del descenso de la producción de oro. Un ejemplo de este estancamiento es el proyecto Yanacocha Sulfuros de la minera Newmont, cuya inversión de US $2,500 millones fue postergada hasta la segunda mitad del 2024 por los altos niveles de inflación, interrupciones en la cadena de suministro y la guerra en Ucrania.
Sin embargo, Yanacocha Sulfuros se une a la considerable cartera de proyectos mineros pendientes de ejecutarse en la región. De acuerdo con la cartera de proyectos publicados por el Ministerio de Energía y Minas a inicios del 2023, la inversión pendiente en Cajamarca asciende a US$ 18 mil millones, entre los que se encuentran dos proyectos de Newmont, Yanacocha Sulfuros y Conga, por US$ 7,300 millones. Además, destaca el proyecto Michiquillay de Southern Perú, con US $2,500 millones de inversión presupuestados.
En el 2022, los gobiernos locales de Cajamarca recibieron S/590 millones, de los cuales invirtieron el 73.9%. El Gobierno Regional, sin embargo, ejecutó solo el 45.4% de los S/583 millones que recibió. Las nuevas autoridades subnacionales de la región deben tener como prioridad la continuidad de los proyectos mineros y la gestión eficiente de los recursos de canon para mejorar el nivel de vida de la población.
