Las evaluaciones que sostienen el supuesto fracaso de la C93 aducen que la misma no ha generado ‘desarrollo’, a pesar de la bonanza económica. En 1990, el Perú tenía un PBI per cápita de alrededor de 5.000 dólares; hoy es casi tres veces más. El PBI per cápita de Chile es de 28.000 dólares, pero ni siquiera los chilenos se atreven a catalogar a su modelo de ‘desarrollado’.
El problema del Perú no es no haber ‘alcanzado el desarrollo’, sino tener una política disfuncional a su dinámica económica. Pero ello no es responsabilidad de la C93, sino más bien de sus reformadores y de quienes no construyeron la siguiente fase del modelo. La C93 se ha reformado unas 30 veces, procurando, principalmente, la enmienda de la institucionalidad política. De hecho, no es casual que los capítulos económicos sean los únicos incólumes a los vaivenes de la política.
La C93 requiere adaptarse a los cambios sociales, pero ello supone que los defensores de las virtudes del mercado decidan romper el status quo basado en la informalidad. La informalidad, entendida sociológicamente, se concreta, a nivel individual, en todos aquellos peruanos que desconfiamos plenamente del Estado y desarrollamos, en consecuencia, identidades negativas con respecto a la política. Es necesario reconocer que el modelo económico ha salvado a los peruanos de la crisis vivida en las últimas décadas.
