Medida sería inconstitucional y generaría pérdidas en el erario público, dinero que podría servir para beneficio de todos los peruanos.
La adjudicación directa de los lotes petroleros I, VI y Z-69 a la empresa estatal Petroperú sigue generando controversia. Recientemente, el directorio de la empresa estatal ha acordado pedir un nuevo salvataje financiero que incluye la capitalización de deuda por US$750 millones, además de una línea de crédito por S/500 millones, una garantía del Estado hasta por US$1,000 millones, y aportes de capital por S/5,574 millones.
A esto debemos sumarle los US$2,250 millones entregados a Petroperú vía préstamos, garantías y aportes de capital para solventar su problema de liquidez y no generar el desabastecimiento de petróleo en el mercado local.
Apoyo Consultoría ha referido que el monto destinado a salvar la empresa estatal equivale a la inversión para construir 23 hospitales de complejidad mediana, 115 colegios nacionales de alto rendimiento o tres aeropuertos internacionales.
Por su parte, ComexPerú calificó la adjudicación de estos lotes como una “aventura empresarial destinada al fracaso” y recordó que la última información pública reportada muestra pérdidas de US $380 millones al cierre del primer semestre de este año. “Este es un ejemplo más de la ineficiencia de las empresas manejadas por el Estado, que generan inmensas pérdidas para el país, sacrificando recursos que necesita la población y restando competitividad a un sector tan importante como el de hidrocarburos”, agregó.
Cabe recordar que el artículo 60 de la Constitución establece ciertos requisitos para que el Estado pueda desarrollar una actividad empresarial: la actividad debe ser autorizada por ley expresa; justificada por razón de alto interés público y la actividad debe ser subsidiaria. Estos tres requisitos deben ser concurrentes; es decir, deben cumplirse todos para que la actividad estatal sea válida.
