Se emitieron 68 informes de control al trabajo de DEMUNA, CAR y UPE en el 2023
Durante su presentación ante la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la Emergencia Sanitaria del Congreso, el contralor general, Nelson Shack, recomendó a los congresistas aprobar disposiciones legales que permitan destinar un mayor porcentaje de recursos públicos a políticas en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“Las políticas están, pero muchas veces sucede que son buenos deseos que, necesariamente, no se pueden materializar porque la asignación de recursos no va a donde señalan esas políticas”, acotó.
Por ello, mencionó que se gasta muy poco en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y en 2023 se tiene presupuestado S/ 213 millones, de los cuales solo se ha ejecutado alrededor de S/ 160 millones (75%) a falta de dos meses para culminar el presente año fiscal.
“Son muy pocos recursos para todo lo que debería hacerse en el trabajo que realizan las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente (DEMUNA), los Centros de Acogida Residencial (CAR) y las Unidades de Protección Especial (UPE)”, subrayó.
Asimismo, indicó que la Contraloría General realizaría durante el 2024 un operativo de control a nivel nacional enfocado en supervisar la operación de las DEMUNA, los CAR y las UPE destinados a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el país.
“En lo que resta del año vamos a iniciar dos grandes megaoperativos para supervisar temas de seguridad ciudadana y normas sobre discapacidad, pero vamos a ver si el próximo año podemos desarrollar algo similar para el caso de infancia y sobre todo concentrarnos en estos tres tipos de servicios que brindan las DEMUNA, los CAR y las UPE”, anunció.
Indicó que existen 1722 DEMUNA en todo el país y de los cuales solo 556 están acreditadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), por lo que corresponde revisar qué ocurre con el resto que no están acreditadas y si todas funcionan correctamente.
Agregó que también existen problemas en los CAR, los cuales suman 57 a nivel nacional, pero consideró que debería implementarse un CAR por cada provincia del país. Adicionalmente, indicó que hay 25 UPE a nivel nacional, pero hay dos regiones, como son San Martín y Pasco, que no cuentan con estas instancias que intervienen en casos de desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes.
Resultados del control gubernamental
Shack Yalta detalló que la Contraloría General emitió 102 informes de servicios de control a las labores realizadas por las DEMUNA, CAR y UPE entre los años 2021 y 2023, de los cuales 37 corresponden a control posterior y 65 a control simultáneo.
“Solo en el 2023 se han hecho 68 servicios de control, de los cuales 51 son de control simultáneo bajo sus distintas modalidades como son: visitas de control (13), control concurrente (2) y orientaciones de oficio, y 17 de control posterior (7 acciones de oficio posterior, 7 auditorías de cumplimiento y 3 controles específicos)”, puntualizó el titular de la Contraloría.
Como resultado de los informes de control simultáneo, la Contraloría emitió 87 alertas a los gestores públicos vinculados a la labor de las DEMUNA, CAR y UPE, de las cuales el 39% ya fueron corregidas, mientras que el 32% no fueron corregidas y el 27% están sin acciones, pero en plazo para adoptar alguna medida que permita corregir esa alerta.
Mientras que el resultado de los informes de control posterior se traduce en la identificación de 45 funcionarios únicos con presunta responsabilidad administrativa, civil y/o penal en irregularidades en materia de gestión de recursos y operacional de las DEMUNA, CAR y UPE a nivel nacional.
“Aquí hay trabajo para la Fiscalía, la Procuraduría y las Secretarías Técnicas de Asuntos Disciplinarios, pero como suele suceder en el Estado peruano es que hay impunidad y a estos funcionarios no les pasará nada y si no hay sanción es imposible darle efectividad a cualquier esfuerzo de lucha contra la corrupción y la inconducta funcional”, advirtió.
Casos emblemáticos
A su turno, la subgerenta de control del Sector Social y Cultura, Katia Tirado, detalló algunos casos emblemáticos detectados por la Contraloría, tales como las Auditorías de Cumplimiento N° 010-2023-2-0309, 17624-2023-CG/GRLO-AC, 13276-2023-CG/GRIC-AC y 014-2023-2-1630, en los que se reveló que las raciones de alimentos en CAR de Lima Metropolitana, Callao, Loreto, Ica y Cusco se otorgaron a personal que no correspondía y por lo que se determinó presunta responsabilidad administrativa en 18 funcionarios públicos del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).
También se detectaron, como resultado de la Auditoría de Cumplimiento N° 031-2023-2-5334-AC, que diversos gastos en CAR de Arequipa fueron rendidos de manera irregular, así como incumplimientos en los protocolos de atención en estos centros. Por estos hechos se determinó presunta responsabilidad en siete funcionarios del Inabif.
Sobre las DEMUNA, la Contraloría alertó en su Informe de Visita de Control N° 024-2023-OCI/0398-SVC, que la Municipalidad Distrital de San Rafael, de la provincia de Ambo en la región Huánuco, no ha implementado dicho servicio y tampoco cuenta con personal para atender los casos de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Mientras que en la Municipalidad Distrital de Cumba (provincia de Utcubamba, región Amazonas), se verificó que la DEMUNA no está acreditada ante el MIMP, lo cual podrá afectar la oportuna protección de los derechos de este segmento de la población, según el Informe de Orientación de Oficio N° 009-2023-OCI/2901-SOO.
Con relación a la labor de las UPE, en el Informe de Orientación de Oficio N° 024-2023-OCI/3901-SOO se alertó que las Unidades de Protección Especial de Lima Sur, Lambayeque, Junín y La Libertad no ejecutaron los recursos asignados para mitigar el efecto de las lluvias intensas en su funcionamiento. Además, se advirtió que la UPE Arequipa registra una demora en comunicar al Ministerio Público sobre los indicios de delitos en contra de la protección de niñas, niños y adolescentes, según el Informe de Orientación de Oficio N° 16200-2023-CG/GRAR-SOO.
