Según estimaciones, estos recursos equivalen a unas 7 800 viviendas sociales o construir un hospital de alta complejidad.
Con el último intento fallido de cambio de la Constitución en Chile, todas las colectividades políticas afirmaron que se cierra este proceso de cuatro años y que ya no hay espacio para un nuevo ciclo.
Esto pone una cuestión sobre la mesa ¿cuánto fue el costo fiscal involucrado? Considerando que se terminó manteniendo la misma Carta Magna. De acuerdo con cálculos de Libertad y Desarrollo (LyD) el monto total asciende a US$324 millones.
“El gasto operacional se desglosa en cuatro fases: para la convención constitucional 2022, para el proceso constitucional 2023, para el reembolso del gasto electoral a candidatos y para el pago a los vocales de mesa”, indicó la economista Soledad Monge.
Ante ello, según el análisis de LyD este monto gastado pudo ser invertido en 7 800 viviendas sociales o el construir un hospital de alta complejidad. “Se comprometió un presupuesto del 2024 para reducir listas de espera. Con los recursos destinados a los procesos constitucionales se podría haber financiado ese plan durante 10 años”, mencionó Monge.
