La inseguridad incrementa los costos de los productos y servicios afectando al usuario final

Las empresas y emprendimientos deben aumentar los gastos en seguridad lo cual eleva sus costos de inversión, indicó Blanca Quiroga Ríos, experta de la Escuela de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo (UCV) filial Piura.
La inseguridad ciudadana no solo causa estragos a los ciudadanos de a pie sino también a las empresas, microempresarios y emprendedores que son actores fundamentales en la dinámica de la economía regional. Uno de los efectos directos es que se elevan los costos de inversión para el funcionamiento de los negocios, y esto tiene un impacto directo en el precio de los productos y servicios que ofrecen a los usuarios finales, dijo Blanca Quiroga Ríos, experta de la Escuela de Administración y Negocios Internacionales de la UCV Piura.
“La empresa tiene que subir sus precios porque sus costos de seguridad se elevan, y la producción disminuye. Tenemos problemas de inversión, incluso algunos piensan en cerrar porque no quieren que les pase nada a su familia. Este problema no está avasallando porque el consumidor tiene que ver si el dinero le alcanza para comprar, pero es claro que, si los precios se elevan, compra menos y las ventas bajan”, expresó la catedrática.
Quiroga explicó que los microempresarios deben invertir en contratar agentes de seguridad, alarmas, cámaras de seguridad y otros recursos ya que es insuficiente la acción de la Policía de Inteligencia, de Investigaciones y de patrullaje. Además del daño a la economía de los usuarios, indicó que el impacto es a nivel macro, ya que el poder adquisitivo de las personas disminuye.
“Nuestra economía es muy dinámica, hay comercio, hay pesquería, hay construcción, pero la delincuencia, inhibe a que los empresarios inviertan por el temor a las extorsiones. Igual pasa con los comerciantes en los mercados que lamentablemente están siendo amenazados”, agregó.
Por ello sugirió un trabajo articulado entre la Policía, las autoridades locales y la sociedad civil, que permita implementar una estrategia contra la delincuencia común y organizada.