En la región se efectuaron más de 1200 servicios de control entre enero a junio de 2024
La Contraloría General identificó la presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa en 145 funcionarios por diversos hechos irregulares en entidades públicas de la región Piura en lo que va del año, producto de los servicios de control posterior.
El gerente regional de Control de Piura, Julio Rioja Vallejos, expuso los resultados del primer semestre del año (enero a junio de 2024) en una jornada informativa a los medios de comunicación de la región.
Precisó que, de los 1233 informes de control realizados en el periodo indicado, 904 corresponden a control simultáneo, 327 a posterior y 2 a previo, de acuerdo al Velocímetro de los Servicios de Control.
Explicó también que los servicios realizados abarcan las ocho provincias y 65 distritos de la región. Un total de 516 son de la provincia de Piura. También en Sullana (154), Morropón (141), Paita (96), Ayabaca (87), Sechura (82), Huancabamba (79) y Talara (78).
Respecto a los funcionarios con presunta responsabilidad, 83 son de tipo penal, 74 administrativa PAS sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General, 41 civil y 36 administrativa de entidad. Cabe indicar que un mismo funcionario podría tener más de una responsabilidad. Asimismo, se identificó un total de 238 responsabilidades en informes de control específico y auditoría de cumplimiento.
Entre los informes publicados en el Buscador de Informes de Control destaca el reconocimiento de mayores metrados en la obra del río Piura (tramo II) por construcción de un dique dentro del cauce, lo que significó un cambio de diseño e incumplimiento del objetivo y finalidad de la obra, generando perjuicio económico de S/ 1 647 991. Se determinó presunta responsabilidad civil y administrativa de tres exfuncionarios del Gobierno Regional Piura, según el informe de Control Específico Nº 075-2024-2-5349-SCE.
En el distrito de Canchaque (Huancabamba), se identificó un perjuicio de más de un millón de soles en la obra de saneamiento en caseríos Pampa de las Minas y Agua Blanca, debido a que funcionarios de la municipalidad distrital favorecieron a contratista al no exigirle la presentación de carta fianza por garantía de fiel cumplimiento. Además, aceptaron cartas fianzas por adelantos de cooperativa que se encontraba imposibilitada de otorgar avales y fianzas válidos. Por este caso se determinó la presunta responsabilidad de cinco funcionarios, de acuerdo con el informe de Control Específico Nº 018-2024-2-0451-SCE.
En tanto, en la auditoría de Cumplimiento N° 017-2024-2-4047-AC se identificó la presunta responsabilidad civil y penal de cuatro funcionarios de Enosa por irregularidades en la obra de suministro, transporte, montaje, obras civiles, pruebas y puesta en servicio para la construcción de SET Paita industrial. El perjuicio económico asciende a S/ 1 177 216.
También se determinó presunta responsabilidad de funcionarios en diferentes servicios realizados a entidades regionales, provinciales y distritales. Asimismo, se efectuaron servicios en la Universidad Nacional de Piura, Zona Registral N° 1 y EPS Grau.
Control simultáneo
Como resultado de los servicios de control simultáneo, se identificaron 2207 situaciones adversas o riesgos que fueron alertados a los gestores públicos para que adopten las medidas correctivas que correspondan.
Sin embargo, el 37% de situaciones adversas no fueron corregidas por parte de las entidades públicas y en el 38% no se adoptaron acciones para corregirlas. Solo el 25% de situaciones adversas fueron resueltas o están en proceso de hacerlo.
Agenda de control en Piura
Para los próximos meses, la Entidad Fiscalizadora Superior realizará servicios de control posterior a la Municipalidad Provincial de Piura, Municipalidad Provincial de Huancabamba, Municipalidad Distrital de Castilla, Municipalidad Distrital de Jililí (Ayabaca), SATP, Universidad Nacional de Piura, entre otras entidades.
Del mismo modo, se continuará con el control simultáneo a obras y servicios con la finalidad de alertar oportunamente diferentes situaciones adversas y así cautelar el buen uso de los recursos públicos.
