Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, refiere que es crucial un mejor entendimiento de los incentivos que mueven a alrededor de 500 000 peruanos que dependen de la minería no formal.
“En un estudio reciente identificamos cinco espacios de minería aurífera no formal en función de la intersección en el territorio de dos características: alta cantidad de derechos mineros registrados en el Registro Integral de Formalización Minera, y zonas con minería ilegal con alto nivel de inseguridad. Estos espacios tienen como núcleo 13 distritos repartidos en los departamentos de Piura, La Libertad, Arequipa, Puno y Madre de Dios”, explica.
Con el objetivo de entender la dinámica socioeconómica en estas jurisdicciones, se analizaron patrones migratorios entre 2018 y 2023. Debido a que no se cuenta con información actualizada de la población residente por distrito, se analizaron los cambios en la matrícula de educación primaria como proxy de patrones migratorios.
La hipótesis es que la tasa de matrícula en primaria aumentaría más en los ámbitos de minería aurífera no formal que en la capital provincial de la región. Por ejemplo, en Arequipa y Madre de Dios, la matrícula en primaria ha crecido más en los distritos mineros no formales que en las capitales provinciales. Esto evidencia que familias enteras se habrían trasladado a estas jurisdicciones atraídas por los ingresos de la minería no formal. En contraste, en Pataz y Puno, la matrícula disminuyó, reflejando zonas consolidadas o expulsión de personas por violencia.
Estos ejercicios demuestran que la realidad de la minería no formal es mucho más compleja que lo que el diagnóstico oficial cree y no solo se trata de combatir a los extractores, sino que esta actividad se ha enraizado en la economía peruana y tiene muchos eslabones. “Combatir a los ilegales no solo debe incluir una estrategia de interdicción, sino que demanda un abordaje integral para los informales. Esto debe combinar cambios en el proceso de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala para asegurar una actividad que respete el medio ambiente y asegure condiciones de trabajo adecuadas”, puntualiza Castilla.
