Presupuesto del 2025 crecerá 4.5% y será descentralista

Aprueban dos decretos legislativos para reactivar obras paralizadas, anuncia el MEF.

El proyecto de ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, que fue aprobado ayer en el Consejo de Ministros para su remisión al Congreso de la República, se incrementará en 4.5% respecto al aprobado para el 2024 y se caracteriza por ser descentralista y priorizar gastos de capital, anunció el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista Arbildo.

Refirió que el Ejecutivo tiene plazo hasta el 30 de agosto para remitir al Parlamento el proyecto de ley.

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“Entre las características de esta iniciativa de ley se tiene el supuesto que el déficit fiscal con el cual se prepara este documento es de 2.2% del PBI”, comentó.

Destacó que este proyecto es mucho más realista y está en línea con la expansión de la actividad económica peruana.

La economía crecería a una tasa de 3.2%, y una tasa de inflación de entre 2.7% y 3%, agregó.

Dijo que ningún gobierno regional y local tiene un monto menor al del presupuesto aprobado el año pasado.

“Hicimos un esfuerzo enorme por tratar de respetar los niveles del presupuesto del año pasado. Y el mismo caso también será con los diferentes pliegos presupuestales que están en el Poder Ejecutivo, es decir, los ministerios”, señaló.

Indicó que se priorizan los gastos de capital, principalmente en gobiernos regionales y locales.

A manera de ejemplo, detalló que en el caso de los gobiernos regionales los gastos de capital crecerán 7.3% y de los municipios, 24.2%.

El ministro destacó que el presupuesto del 2025 es descentralista porque se asignan los recursos a los gobiernos regionales y locales evitando transferencias mediante decreto supremo durante la ejecución.

“Anteriormente, por ejemplo, diferentes pliegos del Gobierno central tenían transferencias para los gobiernos locales. Ahora se fijarán a los mismos municipios, tanto distritales como provinciales, su respectivo presupuesto”, agregó.

Refirió que el anterior sistema originaba que el 90% del año los alcaldes de provincias estén en Lima haciendo gestiones en los diferentes ministerios.

“Con esta forma de asignar los recursos se busca que los alcaldes gobiernen, trabajando en la circunscripción geográfica en la cual fueron electos”, enfatizó.

Arista señaló que ninguna municipalidad tiene menos de un millón de soles para la ejecución de proyectos de inversión.

“Los más pequeños tienen un millón. Pero de ahí comienza una línea ascendente en función al tamaño, la responsabilidad, a la cantidad de población y a las necesidades que tiene cada municipalidad”, detalló.

Reperfilamiento

El funcionario indicó que se reperfiló el pago del servicio de la deuda pública, lo que reduce la necesidad de financiamiento en el 2025.

“Hace dos meses hicimos un reperfilamiento de la deuda y eso nos ha dado un poquito más de espacio financiero”, dijo.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas destacó que este proyecto de presupuesto considera la atención de los principales compromisos anunciados en el mensaje presidencial de la mandataria Dina Boluarte.

“Estos son las principales características de la ley de Presupuesto; evidentemente, las leyes complementarias, que son la de Equilibrio y de Endeudamiento, no hacen más que cumplir con el mandato que está en la Constitución, en el sentido de que el proyecto de ley de Presupuesto que envía el Ejecutivo al Congreso tiene un presupuesto equilibrado”, puntualizó.

Obras paralizadas

Por otro lado el ministro Arista informó que en el Consejo de Ministros se aprobaron dos decretos legislativos orientados a la reactivación de las obras paralizadas en los gobiernos regionales y locales.

“En primer lugar, modificamos la Ley 31589, que garantiza la reactivación de las obras públicas paralizadas”, apuntó.

“¿Qué pasó? Muchos actores de las adjudicaciones de estas obras paralizadas encontraban cierto temor respecto a la actitud o a las sanciones potenciales que podrían desarrollarse debido a la fiscalización que desarrolla la Contraloría”, explicó.

Entonces, para aliviar ese temor, ese miedo, el Ejecutivo propone una norma alternativa. “Es un procedimiento de selección especial, que en un plazo perentorio de 23 días hábiles permite a los actores asignar estos proyectos para su pronta culminación, es decir, su reactivación”, señaló.

“Tenemos alrededor de 1,868 obras que podrían beneficiarse con este esquema, y de esta manera aliviamos la tensión que hay en la administración pública”, indicó.

Declaró también que su despacho recibió “muchos reclamos” en el caso de las obras de reconstrucción.

Refirió que al crearse la Autoridad Nacional de Infraestructura (Anin), que toma obras por encima de los 200 millones de soles, las obras menores a ese monto estaban en manos de los gobiernos locales y regionales, que se quedaron sin financiamiento y a mitad de construir.

“Para ellos, generamos un mecanismo, en este caso una norma, para poder migrar todos esos proyectos que más o menos son alrededor de 3,000 hacia el sistema de Invierte.pe, en el que le damos todo el soporte técnico”, detalló.

“En primer lugar, para asegurarnos que son proyectos que cierran brechas y, en segundo lugar, para darle el financiamiento a fin de que estos 3,000 proyectos lleguen al objetivo, es decir, a culminarse y a servir a la población”, agregó.

Indicó que una obra a mitad de construir es la mejor manera de botar la plata porque no le sirve a nadie. “Es un monumento a la desidia porque faltan algunos procedimientos administrativos”.

Fraccionamiento de deudas

En el Consejo de Ministros se aprobó una norma que permite el fraccionamiento de las deudas con la Sunat tanto de personas naturales como jurídicas, de manera “excepcional”, que se acojan a este beneficio hasta el 20 de diciembre de este año, anunció Arista.

Refirió que durante mucho tiempo en el Tribunal Fiscal se acumularon expedientes con reclamos de las empresas con un monto que llegó a los 26,000 millones de soles, y que resolver un expediente toma alrededor de nueve años.

Esto quiere decir que recién se comenzó a resolver expedientes de hace nueve a diez años, agregó.

“Eso es una administración tributaria muy poco eficiente, porque genera muchos problemas tributarios. En primer lugar, aquel que no quiere pagar, se va al Tribunal Fiscal y se queda por años”, indicó.

“En segundo lugar, genera dudas. Muchos inversionistas privados dicen, pero ¿cómo va a resolver el Tribunal?”.

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