La región se posiciona como la tercera con más casos de extorsión en el país, generando incertidumbre y temor en la población.
Según el portal de transparencia de la Policía Nacional del Perú, Piura se ubica como la tercera región del país con más denuncias por extorsión con 1359 casos. Aunque las cifras podrían ser mayores, debido a que existen víctimas que no denuncian sus casos por temor a represalias. Frente a esta preocupante realidad, los piuranos se manifestaron exigiendo mayor actuación de las autoridades.
Carlos Gutiérrez, ciudadano piurano, resaltó la falta de políticas efectivas para combatir el crimen: “La mala política que se está llevando, las autoridades en realidad no hacen nada. Sin control del heno. ¿Cómo pueden erradicar eso? Nosotros tenemos la culpa, recién nos damos cuenta que no hemos elegido bien. Pero el cambio está en la educación, tenemos que cuidar a nuestros niños, nuestros hijos, para que tengan otra mentalidad y no cometan los errores de muchos de los mayores”, indicó.
Por otro lado, Alejandro Jimenez opinó que el problema radica en la falta de interés por parte del gobierno: “Es por la falta de interés del gobierno que no toma cartas en el asunto. En Piura no pasa nada con las autoridades, es el gobierno y el manejo político que hay. Las extorsiones paralizan a los negocios, los empresarios se van a otro país”, manifestó.
Juan Rodríguez, en tanto, expresó su preocupación por la falta de presencia policial en las calles: “Acá la gente critica por la falta de patrullaje, llevo horas aquí y no he visto nada, y uno no sabe lo que puede pasar, hay robos, matanzas. Yo digo que, aunque sea, debería haber un patrullero para que esté activo por si hay cualquier cosa y llame apoyo”, puntualizó.
Con el aumento de casos de extorsión y la falta de respuestas contundentes, la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los piuranos. La comunidad exige mayor presencia policial y un plan integral de seguridad que no solo combata el crimen, sino que también previene su avance, para proteger tanto a los ciudadanos como a los negocios afectados.
