La criminalidad no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que impone graves barreras económicas que limitan la inversión, la generación de empleo y el crecimiento sostenible del país.
La creciente inseguridad en el Perú está afectando tanto a la población como a la economía. Según Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), el crimen genera costos directos, como el gasto en cámaras de seguridad y vigilancia privada, e indirectos, que incluyen las pérdidas por la limitada movilidad laboral y educativa. “Todos estos ajustes implican costos en tiempo y dinero, para nosotros mismos y para terceros”, afirmó.
En esa línea, el impacto económico resulta significativo. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el costo de la inseguridad en el Perú asciende al 2.2% del PBI. De ese total, el 1.5% corresponde a gastos privados en seguridad y el 0.7% restante a costos asumidos por el Estado. “Estos costos limitan los recursos que podrían haberse destinado a inversiones en salud, educación o infraestructura”, añadió la economista.
Además de los costos económicos, el crimen organizado y la extorsión están desalentando la inversión privada. La Asociación de Bodegueros del Perú reportó más de 9 800 delitos contra pequeños negocios en lo que va del año, siendo el cobro de cupos uno de los más frecuentes. “El 42.4% de esos casos corresponden al cobro de cupos, afectando directamente a la economía de pequeños y medianos empresarios”, advirtió Muñoz-Nájar.
En ese sentido, la representante de REDES considera que combatir el crimen debería ser uno de los primeros temas de agenda de todas las autoridades pues no solo crea inseguridad y zozobra en la población, sino que genera costos económicos significativos que impiden el crecimiento y la inversión. “Solo a través de un enfoque integral se podrá garantizar un futuro más seguro y próspero para todos los ciudadanos”, puntualiza.
