La minería ilegal en Perú ha crecido más del 40 % en los últimos años, según la economista Luciana Cáceda del Instituto Peruano de Economía (IPE). Este fenómeno está generando graves consecuencias en el país, tanto en términos de seguridad como de daño ambiental, afectando especialmente regiones como Madre de Dios, La Libertad, Cajamarca, Piura y Arequipa.
Uno de los principales factores que impulsan esta problemática es el alto precio del oro, que actúa como incentivo para que más personas ingresen a la minería ilegal. El impacto de esta actividad se manifiesta en dos frentes principales: la inseguridad y la degradación del medio ambiente. La minería ilegal está estrechamente vinculada a delitos como la trata de personas, el crimen organizado y el lavado de activos. En Madre de Dios, por ejemplo, la violencia relacionada con armas de fuego ha aumentado un 37 % en los últimos cinco años.
A nivel ambiental, se estima que entre 2021 y 2024, alrededor de 31,000 hectáreas han sido destruidas debido a la minería ilegal, que utiliza mercurio y otros productos químicos altamente contaminantes.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado en 2017 con el objetivo de formalizar a los mineros informales, ha sido objeto de críticas. Cáceda sostiene que, lejos de cumplir con su propósito, ha facilitado que los mineros ilegales se amparen en el proceso de formalización para eludir responsabilidades penales.
Desde el IPE, se propone cerrar el Reinfo y establecer medidas más estrictas para la formalización, incluyendo la trazabilidad del oro y una mejor coordinación entre los Ministerios del Interior y del Ambiente. La economista destaca la necesidad de un enfoque multisectorial para frenar el avance de la minería ilegal, que amenaza no solo al medio ambiente, sino también la seguridad ciudadana y la economía formal del país.
