Así lo sostiene Marcelo Cornejo Mena, presidente fundador de CAENE. Además, menciona que el Estado debe priorizar una política nacional de formalización que articule los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno, academia y sector privado.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 70% de la Población Económicamente Activa (PEA) trabaja en condiciones informales, sin acceso a derechos laborales ni seguridad social. En ese sentido, Marcelo Cornejo Mena, presidente fundador de CAENE Educación Ejecutiva, señala que “esta situación no solo limita la calidad de vida de millones de peruanos, sino que también debilita la base fiscal del país y frena la productividad. Reducir la informalidad laboral es clave para construir un país más competitivo, justo y sostenible. Apostar por la formalización es apostar por el desarrollo del Perú”.
Asimismo, sostiene que uno de los principales factores que perpetúan la informalidad es la rigidez normativa. “Muchos emprendedores perciben el proceso de formalización como costoso, complejo y poco transparente. Además, la baja educación financiera y la limitada fiscalización en ciertas regiones hacen que la informalidad se mantenga como una opción viable, pese a sus consecuencias negativas a largo plazo”, explica.

Por ello, Cornejo afirma que, frente a este panorama, se requiere un enfoque integral. “No basta con aumentar la fiscalización; es necesario simplificar los trámites, reducir los costos de entrada a la formalidad y ofrecer incentivos claros (…) El Estado también debe priorizar una política nacional de formalización que articule los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno, academia y sector privado. La formalización no puede ser vista como un castigo, sino como una vía para acceder a mejores oportunidades, protección social y financiamiento”, puntualiza.