El IPE analiza el contexto actual de las zonas mineras en el Perú, en las que se incrementa la violencia, la deforestación y el crimen organizado, mientras las acciones del Estado continúan sin tener efectos significativos contra la minería ilegal.
La minería ilegal en Perú ha alcanzado cifras récord este 2024, con exportaciones de oro por $ 7,415 millones, un incremento del 54 % respecto al año anterior; según informó el Instituto Peruano de Economía (IPE). Este auge coincide con un aumento preocupante en la violencia, la deforestación y la expansión de redes criminales en regiones como La Libertad y Madre de Dios.
El oro ilegal va ganando terreno
Impulsado por el precio internacional del oro —que superó los $ 3,000 por onza— y una débil fiscalización estatal, Perú se ha consolidado como el principal exportador de oro ilegal en América del Sur, aportando el 44 % del total regional.
«Hace 10 años cerca del 75 % de las exportaciones de oro tenían como destino Suiza, EE. UU. y Canadá. Ahora, cerca del 40 % de los envíos se dirigen hacia India y Emiratos Árabes Unidos, mercados con menores exigencias sobre el origen de los productos», señala el informe del IPE.
En paralelo, los destinos de exportación se han desplazado hacia mercados menos exigentes, como India y Emiratos Árabes Unidos, donde las condiciones de trazabilidad del mineral son mínimas.
Un país cada vez más violento
El impacto de esta economía ilegal va más allá de lo económico: entre 2019 y 2024, la tasa de homicidios en Perú subió de 3.5 a 6.0 por cada 100,000 habitantes. En zonas vinculadas directamente con la minería ilegal, como Madre de Dios y La Libertad, el incremento fue aún mayor (+6.5 y +6.1 respectivamente).
La deforestación también refleja esta problemática, puesto que se han perdido cerca de 31,000 hectáreas de bosque en solo tres años, equivalente a unas 43,000 canchas de fútbol, debido a la expansión de esta actividad ilegal, según estimaciones del Proyecto de Monitoreo del Amazonas Andino (MAAP).
Las prioridades del Estado
A pesar del crecimiento del crimen y la degradación ambiental, el presupuesto público para combatir la minería ilegal ha caído 37 % en términos reales desde 2019. En 2024, solo se destinó S/ 89 millones al programa “Reducción de la minería ilegal”, frente a los S/ 121 millones de hace cinco años.
Además, medidas como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —creado para promover la formalización— han resultado ineficaces. De los 84,470 registros, el 76 % están suspendidos, pero sus titulares siguen operando sin ser considerados ilegales por las autoridades.
¿Hay solución para la minería ilegal?
El IPE plantea una estrategia: «El cierre del Reinfo y, en su lugar, implementar una política integral, con un régimen que promueva la formalización, sin ampliaciones ni eximiendo de responsabilidades penales a los involucrados. Por lo tanto, lejos de medidas improvisadas y populistas, es clave priorizar un enfoque firme y coordinado. Esto requiere del liderazgo conjunto del Ejecutivo y el Congreso para adoptar medidas que promuevan una formalización minera sostenible».
Además de ello, está «la necesidad de una política de trazabilidad integral que priorice la fiscalización en la cadena de suministro del oro, además de acciones de acompañamiento al proceso de formalización e inteligencia para un combate efectivo. Para ello, es fundamental reforzar la presencia del Estado en las zonas afectadas, asegurando que las instituciones competentes, como el Ministerio del Interior (Mininter) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), asignen recursos significativos a la lucha contra la minería ilegal».
