Medidas excepcionales buscan frenar la violencia vinculada a la minería ilegal, aunque expertos advierten sobre impactos económicos y contradicciones en la estrategia de formalización.
Tras el hallazgo de 13 mineros asesinados en Pataz, el Gobierno decretó el estado de emergencia, ordenó un toque de queda y suspendió la actividad minera por 30 días. La medida, que contempla la instalación de una base militar en la zona, busca restablecer el orden en una provincia afectada por el crimen organizado vinculado a la minería ilegal.
Al respecto, Paola Bustamante, directora de Videnza señaló: “Lo que está pasando en Pataz no es distinto a lo que ocurre en otras partes del país”. Agregó que, pese a los 15 meses bajo emergencia, no se han visto resultados concretos. También alertó sobre el impacto económico de paralizar la minería formal, afectando ingresos, empleo y recaudación fiscal.
Finalmente, Bustamante consideró acertada la exclusión de los 761 Reinfo suspendidos del proceso de formalización minera. No obstante, señaló una contradicción en el discurso oficial: mientras se rechaza la subcontratación de mineros artesanales, el Ministerio de Energía y Minas promueve contratos con estos actores como vía para su formalización.
