Iniciativas de gasto del Congreso son un riesgo para la economía del país

Sofía Aron Said, especialista en finanzas públicas, explica que el problema comenzó cuando el Tribunal Constitucional (TC) reinterpretó el artículo 79 de la Constitución. La norma señala que el Congreso no puede crear ni aumentar gastos públicos, salvo en su propio presupuesto, es decir, no puede presentar proyectos de ley que impliquen más gastos para el Estado. Sin embargo, en 2022 el TC indicó: “el Congreso no puede proponer leyes que afecten el presupuesto vigente, pero sí puede hacerlo si el gasto se aplica en años futuros”.
La experta lo explica con una comparación sencilla: “Es como decirle a un adolescente que no puede gastar el dinero de sus padres hoy, pero sí puede firmar un contrato para gastar su sueldo del próximo año sin consultarles”. El resultado ya se siente: hay más de 160 proyectos de ley con impacto fiscal que comprometen recursos equivalentes al 5.7 % del PBI.
Aron Said destacó lo que esto representa: “Cuando el Congreso tiene vía libre para introducir gastos sin contrapesos, los riesgos aumentan. Se generan leyes costosas sin análisis técnico, se comprometen recursos a largo plazo sin prever su impacto, y se reduce la capacidad del Ejecutivo para responder a emergencias o implementar políticas públicas sostenibles”. Según la especialista, el dinero que debería usarse en obras públicas –como colegios y carreteras– podría terminar en proyectos sin el respaldo técnico necesario.