Extorsiones en cifras récord y homicidios en aumento golpean con fuerza a regiones ligadas a la minería ilegal.
Según una encuesta de Ipsos, el 66 % de la población considera que el crimen y la violencia son el principal problema del país en 2025, frente al 48 % registrado en 2024. Un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que este repunte está ligado al aumento de homicidios y extorsiones, y a la baja confianza ciudadana en la capacidad del Estado para enfrentar el delito. “No se equivocan: los organismos responsables están en debe y tienen mucho que explicar”, señala el IPE.
Las cifras lo confirman. El INEI reporta que en el primer trimestre de 2025 el 59 % de los adultos identificó la inseguridad como el mayor problema nacional, superando por primera vez en ocho años a la corrupción. En paralelo, la Policía registró entre enero y julio un promedio mensual de 2,284 denuncias por extorsión: 23 % más que en 2024 y siete veces el promedio de 2018 a 2021.
El impacto se concentra en regiones vinculadas a la minería ilegal. Distritos como Pataz (La Libertad), Atico (Arequipa) y Ananea y Putina (Puno) presentan tasas de homicidios “hasta 10 veces mayores que el promedio nacional”, según el IPE. En La Libertad, además, se acumuló el 17 % de las denuncias por extorsión en los primeros siete meses del año, aunque la región solo concentra el 6 % de la población.
La desconfianza en las instituciones agrava el problema. Solo el 22 % de los ciudadanos confía en la Policía, porcentaje que en Madre de Dios cae al 7 %. El respaldo al Poder Judicial (15 %) y al Ministerio Público (17 %) también es bajo. Para el IPE, revertir este panorama requiere liderazgo y una estrategia integral contra las economías ilegales. “Es trascendental no solo para recuperar la confianza en las instituciones, sino porque está en juego la viabilidad del país”, concluye.
