Los indicadores reflejan que la región Piura destaca por su agroexportación, su pesca y su turismo, lo que la coloca en un punto estratégico en el mapa nacional. Sin embargo, esas fortalezas conviven con una realidad crítica: la falta de acceso a agua segura y servicios de saneamiento. Al respecto la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) identificó que solo el 16% de la población de Piura cuenta con conexión a una red pública de agua disponible todo el día, muy por debajo del promedio nacional (50%, según el INEI).
Las limitaciones también se reflejan en el acceso al alcantarillado: apenas el 59% de los hogares piuranos cuenta con este servicio, frente al 75% del promedio nacional. Inclusive, en distritos al noreste de la región como Sondorillo, Lancones y Sapillica, la cobertura es inferior al 10%.
El impacto no es menor: sin alcantarillado, las aguas residuales se acumulan en pozos improvisados, contaminan los suelos y, muchas veces, terminan filtrándose hacia fuentes de agua que luego consumen las propias familias. Esto significa más riesgos de enfermedades, menor salubridad en los barrios y, en el caso de las ciudades, pérdida de atractivo para recibir inversiones o turismo.
“Cuando un hogar no tiene acceso a agua segura, los problemas se multiplican: aumentan los gastos en medicinas y tratamientos por enfermedades intestinales, los niños faltan más días a la escuela y los adultos pierden jornadas de trabajo. Esto significa menos ingresos para la familia y más riesgos de caer en pobreza. La falta de agua y alcantarillado no solo afecta la salud, sino también la productividad de la región: frena el crecimiento de pequeños negocios, resta atractivo para la inversión y genera costos adicionales para el Estado en salud pública”, señaló Germán Vega, economista de REDES.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, durante el primer semestre de este año, las empresas municipales de agua en Piura ejecutaron solo el 22% de su presupuesto para obras, dejando más de S/43 millones sin usar. Y no es un hecho aislado: en los últimos diez años, en promedio, se ha invertido apenas el 41% de todo el presupuesto asignado cada año para agua y saneamiento. Además, la Contraloría reporta seis proyectos de agua y saneamiento paralizados en la región, con una inversión comprometida de S/692.7 millones que permanece inmovilizada.
Vega recordó el episodio de escasez hídrica que atravesó Piura, cuando incluso la EPS Grau advirtió que solo habría agua para un mes, y señaló que esta experiencia debe servir como ejemplo para prevenir futuras crisis. Explicó que la gestión del agua no puede ser reactiva, sino planificada de manera constante, ya que su ausencia afecta directamente la vida diaria, desde no poder beber un vaso con agua o lavarse las manos. Además, esta carencia obliga a muchas personas a almacenar el recurso en condiciones inadecuadas, lo que incrementa el riesgo de enfermedades como diarrea, infecciones parasitarias o dengue.
“Cerrar la brecha de acceso a agua y saneamiento en Piura es una condición indispensable para el crecimiento económico. El problema no radica en la falta de recursos, sino en su mala gestión y en la ineficiencia para ejecutarlos. Garantizar agua segura y servicios de saneamiento debe entenderse como una inversión productiva que reduce costos en salud, eleva la productividad laboral y mejora la competitividad de la región. Para lograrlo se requiere gestión técnica y reglas claras. Garantizar el acceso al agua segura no es solo cumplir con un derecho fundamental, sino asegurar condiciones mínimas para la salud, la educación y el desarrollo económico de cada familia”, concluyó Vega.
