Extorsión y criminalidad restan oxígeno a los pequeños negocios, señala economista de Redes.
La inseguridad ciudadana no solo afecta a las familias, también golpea a la economía nacional. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el costo de la delincuencia equivale al 1.7 % del Producto Bruto Interno (PBI). Para Mónica Muñoz-Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), delitos como la extorsión se han multiplicado en los últimos años, obligando a los negocios —sobre todo a micro y pequeñas empresas— a destinar parte de sus recursos a seguridad privada.
“Los negocios se han visto obligados a invertir en medidas de seguridad adicionales, adquiriendo cámaras de vigilancia, alarmas, controles de acceso y rejas”, explicó, y sostuvo que ese dinero bien podría usarse para innovación o generación de empleo, pero termina desviado a protegerse de las amenazas.
La especialista advirtió, además, que la precariedad institucional agrava la situación. La falta de comisarías, el déficit de personal y un sistema de denuncias poco eficiente impiden que la policía brinde una respuesta adecuada. “El principal problema radica en la deficiente gestión, que impide contar con un sistema funcional para presentar denuncias y garantizar su atención”, indicó. Para Muñoz-Nájar, mientras no se refuercen las capacidades del Estado, el país seguirá perdiendo competitividad y crecimiento frente al avance de la delincuencia.
