Gremios turísticos exigen declarar Machu Picchu como Activo Crítico Nacional y crear una autoridad autónoma única que concentre la gestión del santuario.
Cusco enfrenta una de sus peores crisis recientes por los bloqueos que han paralizado el acceso ferroviario y el transporte hacia Machu Picchu. La disputa por la concesión de los buses que trasladan a los visitantes desde Aguas Calientes hasta la ciudadela inca desencadenó protestas, sabotajes a las vías férreas y el colapso parcial del flujo turístico hacia el principal destino del país. Según la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, “Machu Picchu representa la imagen de Perú en el mundo y su afectación pone en riesgo hasta el 40 % del turismo receptivo nacional”.
El impacto económico es considerable. El Mincetur estima pérdidas de S/2 millones diarios, mientras que Phase Consultores calcula que el perjuicio total podría superar los S/16 millones, afectando a más de 31,000 empresas en Cusco. Un informe de la consultora precisa que el conflicto representa un efecto directo de caída del 2 % y un impacto indirecto del 4.5 % en el PBI del sector alojamiento y restaurantes en la región.
La crisis también golpea la reputación del Perú como destino seguro. Embajadas de Canadá, Estados Unidos y Australia emitieron alertas para evitar viajes a la zona, mientras que más de 1,300 turistas quedaron varados en Aguas Calientes. “Están matando la gallina de los huevos de oro y lo peor es que aún no hay una salida a la vista”, denunció Paolo Benza, periodista de La Contra.
En medio del caos, los gremios turísticos exigen una reforma integral en la administración del santuario y declarar Machu Picchu como Activo Crítico Nacional, para proteger su infraestructura estratégica y asegurar su operatividad ininterrumpida. Asimismo, plantean la creación de una autoridad autónoma única que centralice las decisiones hoy dispersas en distintas entidades. La periodista cusqueña Catherine Mendoza subraya: “Este conflicto no es solamente legal ni empresarial, es el reflejo de una pugna por el control de una ruta estratégica que mueve millones en turismo”.
