La demora en aprobar estudios ambientales no solo frena la competitividad, también alienta la minería informal y debilita la confianza en el Perú como destino de inversión.
En el Perú, los estudios ambientales para proyectos mineros tardan hasta tres veces más de lo permitido por ley, lo que extiende el desarrollo de las inversiones a plazos de hasta 40 años. Según el informe “De promesa a producción: El largo viaje de un proyecto minero en el Perú” —presentado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) en Perumin—, la etapa exploratoria y de factibilidad concentra el 60 % del tiempo total del proyecto, debido a que requiere opiniones de hasta cuatro entidades, lo que genera retrasos, limita la competitividad del país y frena inversiones estratégicas en minería.
Uno de los mayores cuellos de botella es la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d): pese a que la norma fija un plazo de 120 días hábiles, en 2023 los expedientes demoraron más del triple. Organismos clave como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Ministerio de Cultura funcionan con presupuestos reducidos —Senace con menos de S/60 millones anuales, por ejemplo—, mientras la cartera minera proyectada supera los US$64,000 millones.
El IPE advierte que estas demoras frenan nuevas inversiones, fomentan la minería informal y afectan la competitividad del país. El estudio alerta que, si no se adoptan mejoras institucionales urgentes como automatización, simplificación de trámites y fortalecimiento presupuestario, muchos de los proyectos en la cartera minera permanecerán en el limbo.
