Disputas e intereses locales mantienen al principal destino turístico del país en crisis. La falta de autoridad estatal ha permitido que un patrimonio nacional se vea envuelto en pérdidas que superan los S/75 millones. Cusco podría entrar en recesión en 2026.
El conflicto en Machu Picchu ha dejado de ser un problema local para convertirse en un símbolo del desorden, la corrupción y la falta de liderazgo en la gestión del patrimonio nacional. Hoy enfrenta su peor crisis en décadas: mafias locales, intereses cruzados y disputas han paralizado la operatividad del santuario y puesto en riesgo su prestigio internacional. De acuerdo con una investigación de Perú21, familias y vecinos del distrito de Machu Picchu han conformado redes de poder que se reparten el control del transporte turístico hacia la ciudadela.
Varias empresas comunales, formadas por los mismos actores locales, se disputan licitaciones, bloquean accesos e incluso amenazan con paralizar el flujo de visitantes si no se respetan sus intereses. El caos llegó a su punto máximo con bloqueos que dejaron a cientos de turistas varados y afectaron la imagen del Perú en el exterior. Según cálculos del sector turismo, las pérdidas acumuladas por conflictos en Machu Picchu ascienden a más de S/75 millones.
Omar Mariluz, director periodístico de Gestión, advierte que “Machu Picchu no está en riesgo por la erosión del tiempo, sino por la codicia y la ineptitud”. El periodista señala que las disputas locales han convertido el monumento más emblemático del país en un botín capturado por intereses particulares. “El santuario no se cae por ruinas milenarias, se está derrumbando por la incapacidad del Estado para imponer orden”, subraya.
Según cifras de Perú21, el distrito de Machu Picchu cuenta con unos 5,000 habitantes, de los cuales cerca de la mitad depende directa o indirectamente del turismo. No obstante, la ausencia de autoridad ha permitido que los conflictos empresariales y comunales escalen hasta niveles que amenazan su título de maravilla del mundo.
Los gremios empresariales han planteado medidas concretas: declarar a Machu Picchu Activo Crítico Nacional, crear un ente autónomo que lo administre con criterios técnicos y garantizar seguridad frente a los bloqueos. Sin embargo, el Gobierno no reacciona. En el fondo, lo que está en juego no es solo la administración del transporte, sino el futuro del turismo nacional.
