Mientras el Gobierno reduce en más de S/500 millones el presupuesto para seguridad ciudadana, los transportistas paralizan Lima y Callao exigiendo medidas contra la inseguridad.
La presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre el paro de transportistas que se realiza HOY lunes 6 de octubre en Lima y Callao, convocado tras el asesinato del conductor Daniel José Cedeño Alfonso, conductor profesional de Lipetsa la noche de este sábado 4 de octubre, conocida como el ‘Triángulo’.
En la urbanización Torre Blanca altura del km 23 de la av. Túpac Amaru en Carabayllo, el gremio de transportistas de la zona Norte de Lima, bloquean la vía con quema de llantas en protesta por el incremento de los homicidios y sicariato. Créditos: Marco Cotrina / URPI-LR
“Un paro de 24 o 48 horas no resuelve el problema, todos tenemos que sumar”, señaló la mandataria, al tiempo que pidió a los ciudadanos no responder llamadas ni mensajes de números desconocidos ante el incremento de casos de extorsión.
A fines de septiembre, y de acuerdo con el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, se habían contabilizado 46 trabajadores del transporte público asesinados este año.
Asimismo, el presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), Julio Rau Rau, reveló que durante una reunión con el ministro del Interior, Carlos Malaver, “pedimos que se declare en emergencia Lima y el Callao, y la respuesta fue: ‘El Estado no tiene dinero, el costo de una emergencia nacional cuesta S/43 millones’”, según recogió Noticias Trujillo 60.
No deja de ser paradójico que, el pasado 30 de agosto, el Poder Ejecutivo presentara el Proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Público para el 2026, que asciende a S/257.561 millones. De ese total, se destinarán S/15.821 millones (6,14%) a la función de orden público y seguridad, que comprende acciones para mantener el orden interno, el control de drogas y la gestión de riesgos y emergencias.
De acuerdo con el MEF, la inseguridad ciudadana nos cuesta S/19.800 millones, lo que equivale a alrededor de 1,7% del PBI de este año.
En otras palabras, mientras el Gobierno reconoce la urgencia de enfrentar la inseguridad, la participación del presupuesto destinada a la seguridad ciudadana se reduce ligeramente frente a los S/15.532 millones (6,2%) asignados en 2025.
El costo oculto del paro para el trabajador promedio
Los paros no solo paralizan el transporte y el comercio; también golpean directamente el bolsillo del ciudadano común. Según la abogada laboralista Alejandra Dinegro, en entrevista con La República, una persona que percibe el sueldo mínimo de S/1.130 destina actualmente entre 15% y 20% de su salario mensual solo para movilizarse en transporte público. Esto equivale a un gasto de entre S/170 y S/226 cada mes, sin contar el tiempo perdido ni la calidad del servicio.
“Una persona en Lima llega a gastar entre S/12 y S/15 diarios para poder trasladarse. En un día de paro esa cifra se duplica o incluso triplica, porque los colectivos informales y mototaxis cobran el doble de la tarifa habitual”, explicó Dinegro.
La especialista precisó que este impacto es más fuerte entre quienes viven en zonas periurbanas, lejos del centro de Lima, donde el transporte formal es escaso y los costos de conexión son más altos.
“La mayoría de la masa laboral no realiza teletrabajo; tiene que movilizarse sí o sí. Por eso, cada paro implica un golpe económico para miles de trabajadores, especialmente en micro y pequeñas empresas (mypes)”, añadió.
Cabe señalar que, en el 2023 según la ENAHO, las personas que ganan menos del salario mímino, suelen pagar el 50% de su sueldo en transporte.
Más allá del gasto individual, el costo agregado de un día de paro también se refleja en la economía nacional. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL), un solo día de paralización puede generar pérdidas de entre S/90 millones y S/230 millones para el país.
“Es un impacto que no solo se mide en dinero, sino también en productividad, en la estabilidad del sistema de transporte y en la calidad de vida del ciudadano de a pie”, subraya Dinegro.
De acuerdo con Dinegro, el costo de movilizarse en la capital se ha duplicado en la última década. “Hasta hace 10 años, el transporte era la mitad de lo que cuesta hoy. Antes una combi cobraba S/0,50; ahora cuesta S/1 o más. Esto se debe al aumento del costo de vida, la inseguridad y los cambios que trajo la pandemia. Es un gasto que nunca volvió a normalizarse”, señaló.
Además del bolsillo, el paro también evidencia las deficiencias estructurales del transporte público en Lima: sistemas no interconectados, falta de alternativas formales y una regulación que, en palabras de Dinegro, “muchas veces termina beneficiando a mafias vinculadas al transporte informal, antes que al ciudadano”.
Recorte del presupuesto del Interior
Ricardo Valdés, gerente general de Capital Humano y Social SA y exviceministro del Interior, atribuye esta desaceleración relativa a problemas de seguridad ciudadana, informalidad y expansión de economías ilícitas.
“Reducir el presupuesto del Ministerio del Interior, que ya representa apenas 1,4% del PBI, mientras la criminalidad mueve alrededor de 15.000 millones de dólares —6,25% del PBI— es contraproducente”, indicó.
El especialista enfatizó que la criminalidad impacta directamente a la economía formal e informal, afectando microempresas, emprendimientos y la recaudación tributaria. Además, cuestionó la falta de claridad en los recursos frente a emergencias:
“El Ministro del Interior mencionó que declarar un estado de emergencia costaría S/43 millones, pero no quedó claro si se trataba del impacto económico general o del gasto para movilizar personal. Sea como sea, combatir la extorsión requiere inversión en tecnología, investigación criminal y mayor transparencia”, precisó.
Valdés criticó la falta de apertura en la información del sistema de denuncias policiales y la ausencia de medidas efectivas desde la cúpula policial.
“Estamos desbordados por la criminalidad. Reducir el presupuesto del Interior en este contexto es absurdo. Es como tener ‘zapatos de cemento’ y obligarnos a nadar en la economía. La informalidad y la ilegalidad frenan la inversión y la producción”, sostuvo.
El exviceministro concluyó que se necesitan acciones concretas y políticas públicas claras para enfrentar la criminalidad, subrayando que los recientes cambios en ministros y en el comandante general de la Policía aún no han generado resultados tangibles.
Fuente: La República
