Perú destina más recursos contra la delincuencia, pero las denuncias por extorsión y homicidio se disparan. En 2025 aún quedan más de S/2.000 millones sin ejecutar.
n la última década, el presupuesto para seguridad ciudadana en el Perú se incrementó en 30%, pero los niveles de inseguridad no han disminuido. Las cifras muestran que, pese al mayor gasto público, la violencia se mantiene al alza: las denuncias por extorsión y homicidio aumentan cada año y la población sigue sintiéndose desprotegida.
En 2025, el Estado asignó S/ 6.327 millones al programa destinado a reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. Hasta septiembre, los tres niveles de gobierno ejecutaron el 70% del total, un resultado apenas superior al promedio de los últimos diez años (68,3%).
No obstante, a solo tres meses de cerrar el año, todavía faltan más de S/ 2.000 millones por ejecutar. Para el economista Gustavo Meza, de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), esto representa un riesgo para la calidad del gasto público.
“En la recta final del año, las entidades enfrentan la presión de gastar con rapidez. Pero la calidad del gasto no se mide solo por cuánto se ejecuta, sino por el impacto que genera cada sol invertido”, explicó Meza.
Extorsiones y homicidios: la otra cara de la inseguridad
Pese al aumento del presupuesto, los delitos más violentos siguen en expansión. Entre junio de 2018 y junio de 2025, las denuncias por extorsión pasaron de 3 a casi 76 por día, según datos oficiales. Además, cada cuatro horas un peruano es víctima de homicidio, de acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).
“Para combatir la inseguridad no basta con gastar más, sino con gastar mejor”, remarcó Meza. “El dinero debe destinarse a inteligencia policial, tecnología preventiva, capacitación y comisarías operativas. Solo así cada sol invertido se traducirá en calles más seguras”.
El 89% del gasto en seguridad se va a sueldos
El análisis del presupuesto revela una fuerte concentración en gastos corrientes: el 89% se destina a sueldos y salarios, mientras que apenas el 11% se usa en infraestructura policial, videovigilancia y equipamiento.
A pesar de ello, muchas comisarías del país siguen en mal estado. “Existen dependencias sin servicios básicos, patrulleros inoperativos y equipos insuficientes. La comisaría de Surquillo, por ejemplo, tuvo que cerrar temporalmente tras el colapso de su infraestructura”, señaló Meza.
El economista advirtió que sin condiciones mínimas para el personal policial es difícil mejorar la seguridad. “Estas carencias reducen la capacidad de respuesta frente a la delincuencia y limitan la efectividad de las inversiones públicas”, concluyó.
