Economías criminales amenazan legitimidad de las elecciones de 2026

78 % de peruanos cree que economías ilegales como la minería ilegal y el narcotráfico inyectarán dinero ilícito para influir en los comicios, según el Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP.
El avance de las economías criminales ya no solo impacta en la seguridad ciudadana y la economía: también está poniendo en riesgo la limpieza del proceso electoral de 2026. El cuarto reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia del Banco de Crédito del Perú (BCP) reveló que el 78 % de los peruanos considera muy probable que actividades ilícitas —como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión— inyecten recursos ilegales en las campañas políticas.
La preocupación es mayor en zonas urbanas, donde la extorsión, el sicariato y el cobro de cupos han crecido de manera acelerada. En este contexto, la magnitud del próximo proceso electoral —que podría involucrar más de 10 mil candidaturas, según cálculos de La República— aumenta el riesgo de infiltración criminal en la política nacional. El informe advierte que “dos tercios de los ciudadanos creen que la violencia electoral registrada en otros países podría replicarse en el Perú”, un temor que se intensifica en regiones donde las economías ilegales han ganado control territorial y capacidad de financiamiento. Esto, señalan los analistas, amenaza la transparencia del sistema democrático.
Además, más de la mitad de la población (54 %) teme que estas economías ilícitas incrementen su influencia en el próximo Congreso y condicionen las decisiones de gobierno. El Observatorio alerta que, “sin una presencia estatal efectiva y sin políticas que aborden las causas de la ilegalidad, la lucha seguirá siendo una batalla que se libra con más presupuesto, pero sin resultados”, dejando la puerta abierta a la corrupción y la captura institucional rumbo a 2026. El riesgo, según los especialistas, es que la corrupción y la captura institucional se consoliden como parte del juego político en 2026.