La ausencia de procesos uniformes y la fragmentación institucional no solo dificultan la rendición de cuentas, sino que también debilitan la transparencia, un pilar esencial para fortalecer la democracia y garantizar un Estado de derecho sólido.
El último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional, colocó al Perú en el puesto 127 de 180 países, con un puntaje de 31 sobre 100. La falta de coordinación entre entidades y procesos uniformes crea un entorno donde es difícil exigir responsabilidades. “El acceso a la información constituye un mecanismo importante de prevención de la corrupción. Esta afirmación cobra aún más importancia cuando estamos frente a procesos penales seguidos contra funcionarios públicos por delitos de corrupción”, indicó Julio Rodríguez Vásquez, especialista en justicia penal. Sin una transparencia efectiva, la democracia pierde capacidad de fortalecerse y de sostener la confianza ciudadana.
En este contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó un informe con recomendaciones para mejorar la transparencia y frenar los factores que permiten que la corrupción se mantenga y avance. El documento advierte que la falta de coordinación entre entidades, la poca legitimidad de las instancias encargadas y la ausencia de procesos uniformes dificultan garantizar decisiones públicas claras y responsables. “Perú no cuenta aún con un sistema armonizado y articulado que reúna las políticas de integridad, transparencia y protección de datos”, señala el informe.
Para revertir esta situación, la OCDE recomienda crear un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia que reúna las funciones de integridad pública, acceso a la información y protección de datos, dirigido por una autoridad autónoma con capacidad de fijar reglas claras, coordinar a las instituciones y resistir presiones políticas. Además, plantea reformar la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, fortalecer el Modelo de Integridad y dotar de recursos suficientes a las oficinas encargadas de supervisar estas tareas, con el fin de reducir la fragmentación actual, cerrar espacios a la corrupción y recuperar la confianza ciudadana, indispensable para la estabilidad democrática.
Falta de reglas claras limita la rendición de cuentas y pone en riesgo la estabilidad democrática
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