Prórrogas, incentivos fallidos y cálculo electoral profundizan el caos en la formalización minera

El sistema de formalización se ha convertido en un circuito que protege a la ilegalidad y perjudica al ciudadano. Expertos advierten que 2026 será decisivo para evitar la captura política del sector.
El fracaso de la estrategia estatal para formalizar a los mineros vuelve a poner en evidencia la incapacidad del Estado para enfrentar el avance de la ilegalidad. Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto, sostiene que, tras más de ocho años de aplicación, el sistema “ha fracasado” debido a un diseño deficiente y una fiscalización débil: más de 50,000 operadores dados de baja y apenas un 2 % de formalizados. El mensaje que queda —afirma— es claro para los informales: “para la informalidad no pasa nada”.
La congresista Diana Gonzales, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, coincide en que los incentivos actuales no solo son insuficientes, sino contraproducentes. Mientras los mineros formalizados enfrentan fiscalizaciones de Sunat y Sunafil, quienes permanecen fuera del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) lo hacen en una zona de inmunidad práctica. “No ha habido motivación ni incentivos reales para formalizarse”, afirma Gonzales, y señala que muchos operadores prefieren mantenerse en un limbo legal antes que asumir obligaciones tributarias y regulatorias.
Ambos advierten que la cadena de prórrogas sucesivas del Reinfo responde más a conveniencias electorales que a una solución real. Gonzales reconoce que, de cara a un año electoral, “juega mucho a favor de los señores que piden a gritos la prórroga” frente al Congreso. Este contexto se agrava por la operación en concesiones ajenas y el crecimiento de plantas de beneficio sin control, que siguen alimentando la cadena ilegal y sin trazabilidad.
Gonzales insiste en que la política debe blindarse de perfiles vinculados al negocio ilegal del oro y recuerda que las elecciones de 2026 serán determinantes: “Será un llamado de atención para tomar estas elecciones muy en serio”. Lo que está en juego —subrayan ambos expertos— no es solo el modelo minero nacional, sino la capacidad del Estado para frenar prácticas que financian redes criminales, erosionan la democracia y afectan directamente la vida cotidiana de los ciudadanos.