Nueva ampliación reabre el debate sobre si el Congreso busca ordenar el sector minero o asegurar respaldo político y financiero en la antesala de las elecciones generales.
La quinta prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 ha reactivado las alertas sobre su verdadero objetivo. Para analistas regionales, responde más a un cálculo político que a una medida técnica de formalización, en plena antesala de las elecciones de 2026. El economista Álvaro Bardales sostiene que el Reinfo se ha convertido en un instrumento de alto valor político, pues “la minería ilegal mueve miles de millones de dólares que podrían financiar campañas”. Advirtió, además, que la ampliación permite avanzar solo de manera nominal hacia la formalidad, sin exigir estándares ambientales, laborales ni de seguridad.
Desde Piura, el presidente de Perucámaras, Óscar Zapata Alcázar, criticó que esta medida ha permitido que diversas instituciones del Estado sean burladas de manera sistemática. “Nunca debió ampliarse ni por un año ni por dos. Este mecanismo ha funcionado como una legalización de la informalidad”, afirmó. Y añadió que “la minería informal proyecta una mala imagen del país, afectando la protección de la inversión”. Por su lado, el analista tacneño Frankie Kuong coincidió en que la prórroga no ataca el problema de fondo: “En la minería informal no se pagan impuestos, no están registrados en la Sunat y los trabajadores no tienen seguro ni condiciones laborales dignas. La solución no es seguir ampliando el Reinfo, sino formalizarlos de verdad”.
