Gestión pública eficiente es clave para que fondos climáticos protejan a la población

La meta de movilizar millones de dólares anuales hacia 2035 abre puertas para obras de agua y prevención, pero exige que el Gobierno supere la burocracia y trabaje con el sector privado y la sociedad civil.
La reciente COP30 permitió al Perú acceder al denominado «Belém Package», un acuerdo que busca movilizar al menos US$300,000 millones anuales en recursos públicos hacia 2035. Este financiamiento es vital para ejecutar proyectos de infraestructura natural y gestión del agua en beneficio de las familias. Sin embargo, para el ciudadano de a pie, la mejora en protección ante desastres dependerá de que el Gobierno presente expedientes técnicos sólidos y logre superar las trabas burocráticas actuales.
El acceso a este dinero no será automático y requiere una administración estatal capaz de garantizar resultados en el territorio. La exministra del Ambiente, Albina Ruiz, advirtió que la prioridad debe ser la eficiencia en el gasto público: «El verdadero desafío del Perú no es acceder a fondos internacionales, sino ejecutarlos bien, a tiempo y con resultados visibles para las comunidades más vulnerables».
Además de los retos administrativos, el Estado debe recuperar su presencia en zonas dominadas por economías ilegales, las cuales mueven US$12,000 millones según el Instituto Peruano de Economía (IPE). Ronald Rodríguez, de la Universidad Autónoma del Perú, señaló que esto afecta directamente al ecosistema: «La deforestación impulsada por la tala ilegal, la minería y la expansión agrícola sigue siendo uno de los principales obstáculos, junto con la contaminación de los recursos hídricos».
Para revertir esta situación y asegurar que los beneficios lleguen a la gente, se requiere tecnología de vigilancia satelital y alianzas estratégicas para competir por el financiamiento global. Albina Ruiz concluyó sobre la necesidad de preparar al país ante las nuevas exigencias: “Habrá más recursos, pero también mayor competencia y mayores requisitos. El país debe estar preparado con expedientes técnicos sólidos, equipos especializados y alianzas con el sector privado y la sociedad civil”.