Economías ilegales en política: el dinero ilícito que amenaza las elecciones 2026

Las economías ilegales en el Perú ya no solo alimentan la violencia y la inseguridad, sino que avanzan sobre un terreno aún más sensible: la política. A pocos meses de las elecciones generales de abril de 2026, especialistas y organizaciones de la sociedad civil advierten que el financiamiento ilícito de campañas se perfila como una de las principales amenazas para la democracia y la institucionalidad del país.
El peso económico de estas actividades resulta determinante. Gustavo de Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), advirtió que el enorme poder económico de la minería ilegal podría influir decisivamente en el proceso electoral. “Pensar que este gran poder económico no va a influir en las elecciones sería ingenuo”, señaló. Según explicó, mientras un proceso electoral nacional cuesta alrededor de S/1,500 millones, la minería ilegal mueve cerca de US$10,000 millones al año, una brecha que puede distorsionar la competencia política si no existe una respuesta firme del Estado.
En la misma línea, Jorge Zapata, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), alertó que estas redes buscan control político directo. “Estas economías quieren control político y financian campañas para influir en los gobiernos regionales, locales y en el Congreso”, afirmó. Por su parte, Álvaro Henzler, presidente de la Asociación Civil Transparencia, sostuvo que este 2026 “resulta una oportunidad crítica para cambiar de trayectoria mediante un voto consciente y responsable”, y subrayó la necesidad de una vigilancia ciudadana activa frente a candidaturas vinculadas a economías ilegales.