El norte del Perú es reconocido por albergar playas de alto valor turístico. Entre ellas destaca Las Pocitas, en el distrito de Máncora, considerada uno de los principales destinos del litoral peruano. No obstante, en los últimos días este balneario se ha visto envuelto en un conflicto de carácter social, legal e institucional, a raíz del presunto cierre de accesos públicos al mar.
La controversia ha reavivado el debate sobre los límites entre el derecho a la propiedad privada y el derecho ciudadano al libre acceso a bienes de dominio público, como las playas.
El caso tomó notoriedad pública tras la difusión, en Facebook, de un video publicado por el ciudadano Rafael Grisolle, en el que denuncia el cierre arbitrario de uno de los accesos históricos a Las Pocitas. Según su testimonio, más de dos kilómetros del litoral estarían siendo progresivamente privatizados mediante el bloqueo de antiguas servidumbres de paso, utilizadas durante décadas por residentes y turistas.
“Esta es quizás la playa más bonita del Perú y una de las más bonitas del mundo, pero hoy solo algunos pueden disfrutarla”, señaló en su publicación. Asimismo, afirmó que se habría cerrado un pase histórico “pese a existir documentación que acredita que siempre fue un camino de acceso al mar para mancoreños y visitantes”.
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Grisolle responsabilizó directamente a Paloma Flores por el cierre del acceso, señalando que esta acción habría contado con el presunto aval de la Municipalidad Distrital de Máncora, encabezada por el alcalde Manuel Cruz. A su juicio, la medida vulnera el derecho constitucional al libre tránsito y el uso de bienes de dominio público.
En ese contexto, anunció la presentación de un recurso de hábeas corpus, con el objetivo de que el Poder Judicial ordene la reapertura inmediata del paso. “Estos espacios no pueden quedar en manos de unos pocos. Son de todos”, sostuvo.
De igual forma, convocó a la ciudadanía a respaldar su iniciativa legal mediante la recolección de firmas, exhortando a los interesados a escribir “yo te firmo” en los comentarios para coordinar el apoyo. Su pronunciamiento generó una amplia respuesta en redes sociales, superando el millar de comentarios, en su mayoría favorables a la denuncia, consolidando el caso como una movilización ciudadana en defensa del acceso público al litoral.
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Ante la creciente presión pública, la Municipalidad Distrital de Máncora realizó una transmisión en vivo el 5 de febrero, en la que autoridades locales, incluido el alcalde, ofrecieron explicaciones sobre el caso.
Según la versión oficial, tras revisar el expediente administrativo, la comuna concluyó que “la autorización emitida no ha alterado el derecho del vecino, ya que el propietario contaba con derechos adquiridos”. Indicaron que la construcción corresponde a un pasaje menor a 20 metros, el cual, conforme a la normativa vigente, puede ejecutarse incluso sin autorización formal, siempre que el propietario cuente con la documentación correspondiente.
Las autoridades también afirmaron que el acceso ya se encontraba cerrado antes de la denuncia pública, presentando imágenes obtenidas de Google Maps como sustento. Asimismo, señalaron que el reclamo tendría su origen en una disputa familiar, indicando que el denunciante anteriormente habría tenido una llave para ingresar por el pasaje.
De igual modo, la municipalidad recordó antecedentes vinculados a la reforma agraria de 1969, periodo en el que diversos terrenos pasaron a manos privadas, generando derechos de propiedad actualmente protegidos por la Constitución. “La ley no es retroactiva. No podemos imponer requisitos que no estén contemplados en nuestra normativa”, enfatizaron.
Pese a defender su actuación legal, representantes municipales reconocieron que Máncora enfrenta serios problemas de planificación urbana. Admitieron que, históricamente, varios accesos públicos han sido cerrados por particulares, situación que incluso motivó en el pasado la intervención del Ministerio de Vivienda para recuperar vías, en algunos casos mediante procesos de negociación con supuestos propietarios. Este reconocimiento expone una debilidad estructural en el control territorial y en la protección de los espacios públicos.
La municipalidad fundamenta su posición principalmente en la Ley N.° 29090, que regula las habilitaciones urbanas y edificaciones. De acuerdo con esta norma:
Las municipalidades están obligadas a tramitar solicitudes que cumplan los requisitos técnicos.
La responsabilidad principal recae en los propietarios y en los profesionales a cargo de las obras.
La función municipal se limita a la evaluación administrativa.
Bajo este marco legal, la comuna sostiene que carece de facultades para impedir construcciones que cumplen formalmente con la normativa vigente.
𝗟𝗲𝗴𝗶𝘁𝗶𝗺𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹 𝘃𝗲𝗿𝘀𝘂𝘀 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝗶𝗺𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹
El conflicto por los accesos a la playa Las Pocitas evidencia una tensión estructural entre el ejercicio del derecho de propiedad, la debilidad institucional y la defensa del interés público.
Mientras la municipalidad sustenta su posición en la Ley N.° 29090 y en antecedentes jurídicos, amplios sectores ciudadanos exigen una interpretación más garantista que priorice el acceso colectivo al litoral, considerado patrimonio natural de todos los peruanos. Más allá de disputas privadas o familiares, la respuesta social demuestra que Máncora no está dispuesta a renunciar pasivamente a uno de sus principales bienes públicos.
