Minería ilegal avanza en Piura y pone en riesgo el desarrollo regional, advierte docente de la UCV

Especialista señala que la falta de información y de diálogo fortalece actividades informales, mientras proyectos formales podrían generar empleo y canon para la región.
El docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad César Vallejo, ingeniero Eusebio Cruz, advirtió que la minería ilegal e informal continúa expandiéndose en la región Piura, especialmente en zonas como Suyo, Las Lomas y Ayabaca, generando graves impactos ambientales, sociales y económicos. Según explicó, es clave diferenciar ambos conceptos: “Cuando nosotros hablamos de minería ilegal es aquella actividad que se está desarrollando en una zona donde no se puede desarrollar actividad minera”, precisó.
El especialista detalló que, a diferencia de la ilegal, la minería informal puede transitar hacia la formalización si cumple con la documentación exigida por el Estado. No obstante, subrayó que ambas modalidades generan perjuicios. “Tanto la minería ilegal como la minería informal causan daños, daños al medio ambiente, daños a la población, daños al Estado”, remarcó. Añadió que uno de los principales problemas es que estas actividades no pagan canon ni regalías, lo que significa pérdidas económicas para el país y la región.
En el plano social, Cruz alertó que en las zonas donde proliferan estas actividades se registran problemáticas como trata de personas, consumo excesivo de alcohol y deterioro del tejido social. Frente a este escenario, consideró que la promoción de proyectos formales, como el proyecto El Algarrobo en Tambogrande o Río Blanco en Ayabaca, podría representar una oportunidad de desarrollo, siempre que exista diálogo con la población y se cumplan estrictamente los estudios de impacto ambiental y los planes de cierre de minas.
“Las autoridades tienen que ver los beneficios que van a obtener al momento de desarrollar minería formal”, afirmó, tras insistir en la necesidad de establecer mesas de diálogo entre Estado, empresas y ciudadanía. Para Cruz, la clave está en informar adecuadamente a la población y garantizar que la actividad minera formal se ejecute con responsabilidad ambiental y compromiso social.