Especialista advierte que la expansión de esta actividad en Cajamarca ya compromete proyectos estratégicos como Conga y Michiquillay, además de generar contaminación y corrupción institucional.
La provincia de Hualgayoc, en Cajamarca, enfrenta un rápido deterioro de sus condiciones de seguridad y sostenibilidad debido al avance de la minería ilegal, que en los últimos dos años ha incrementado su presencia y complejidad, según advirtió el especialista en violencia y minería ilegal, Pedro Yaranga.
De acuerdo con el análisis, la zona se ha convertido en uno de los focos más críticos de actividad extractiva ilegal en la región, impulsada por la existencia de vetas de oro de alta calidad y su cercanía a proyectos mineros de gran escala como Conga y Michiquillay. Esta combinación ha generado un escenario propicio para la expansión de economías ilícitas.
Yaranga sostuvo que la minería ilegal no solo está desplazando a la actividad formal, sino que también ha facilitado el asentamiento de organizaciones criminales. “Hualgayoc va camino a ser el próximo Pataz”, advirtió, al señalar que ya se registran hechos vinculados al sicariato y una creciente migración de mineros ilegales provenientes de otras zonas del país, incluidos Cajamarca, Pataz y la sierra de Piura.
El especialista indicó que actualmente entre el 30% y 35% de la extracción de oro en la zona sería ilegal, una cifra que evidencia un incremento significativo frente a niveles previos estimados entre 10% y 11%. Esta expansión se concentra principalmente en los distritos de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur.
En el plano ambiental, la situación también genera preocupación. Según el experto, la extracción se realiza a tajo abierto y el procesamiento del mineral se lleva a cabo en el mismo lugar utilizando insumos químicos prohibidos, lo que impacta directamente en suelos y fuentes de agua.
A nivel institucional, Yaranga advirtió sobre debilidades en la respuesta del Estado. Señaló que los operativos de interdicción resultan temporales y poco efectivos, ya que las actividades ilegales se reanudan rápidamente tras las intervenciones. Además, alertó sobre posibles casos de corrupción en autoridades locales, lo que dificulta el control de la actividad.
El avance de la minería ilegal también representa una amenaza para proyectos formales de gran envergadura, cuyos desarrollos se ven condicionados por la inseguridad y la falta de control territorial. Esta situación, según el especialista, limita la inversión y debilita las posibilidades de desarrollo ordenado en la región.
Finalmente, el análisis advierte que la falta de trazabilidad en la comercialización del oro agrava el problema. En muchos casos, el mineral es introducido en circuitos formales mediante mecanismos irregulares, lo que permite su traslado y venta sin mayores controles.
El caso de Hualgayoc refleja un patrón creciente en zonas con potencial minero, donde la combinación de altos precios internacionales, débil fiscalización y conflictos territoriales favorece la expansión de economías ilegales con impactos directos en la seguridad, el ambiente y la gobernabilidad.
