La Cámara de Comercio de Piura advierte que la expansión de actividades extractivas ilegales, sumada a la paralización de proyectos formales, amenaza la sostenibilidad económica, ambiental y social de la región.
Piura atraviesa un escenario crítico por el avance sostenido de la minería ilegal en distintas zonas de la región, una situación que amenaza recursos estratégicos como el agua, la agricultura y las oportunidades de desarrollo económico formal. Así lo advierte el Área de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, que alerta sobre el crecimiento de actividades extractivas ilegales en paralelo a la paralización de proyectos mineros formales.
Según el informe, esta dinámica está debilitando la capacidad de la región para generar empleo formal, atraer inversiones sostenibles y captar ingresos fiscales, mientras se consolidan economías informales que operan fuera del control del Estado. Esta situación agrava la ocupación desordenada del territorio y fortalece actividades de corto plazo que no generan beneficios duraderos para las comunidades.
La preocupación es mayor en provincias como Tambogrande y Ayabaca, donde la minería ilegal continúa expandiéndose en territorios sensibles para la producción agrícola y la conservación de fuentes hídricas. La Cámara de Comercio advierte que esta actividad representa un riesgo directo para la competitividad de sectores como la agroexportación, debido al impacto ambiental generado por el uso de sustancias contaminantes y la alteración de los ecosistemas.
El análisis también señala que la ausencia de inversión minera formal está dejando espacios que son aprovechados por operadores ilegales. Mientras proyectos regulados permanecen detenidos, la extracción informal avanza sin mecanismos efectivos de fiscalización ni trazabilidad, lo que incrementa los riesgos de conflictividad social, deterioro ambiental y debilitamiento institucional.
Ante este panorama, la Cámara de Comercio y Producción de Piura plantea la necesidad de fortalecer la fiscalización en las zonas afectadas, mejorar los mecanismos de control sobre la procedencia del mineral extraído y promover una minería formal con reglas claras, estándares ambientales verificables y beneficios concretos para las poblaciones involucradas.
El gremio empresarial advierte que, si no se revierte la tendencia actual, Piura podría consolidarse como uno de los principales polos de minería ilegal en el norte del país. Esta situación comprometería la sostenibilidad ambiental de la región y frenaría oportunidades clave para impulsar un desarrollo económico ordenado, con impacto positivo en el empleo, la inversión y la competitividad regional.
