La lucha contra la minería ilegal requiere una estrategia nacional sostenida que combine fiscalización, control de la comercialización y asistencia técnica para quienes buscan incorporarse a la actividad formal, afirmó Marcos Oyola, ingeniero geólogo y docente de la Escuela de Ingeniería de Minas de la Universidad César Vallejo.
Durante una entrevista con Walac Noticias, Oyola planteó reforzar el control de la comercialización del oro para determinar su procedencia e impedir que mineral extraído ilegalmente ingrese al mercado formal. Para ello, consideró necesaria una acción coordinada entre la Policía Nacional, Sunat, Ministerio Público y otras entidades.
El especialista identificó como uno de los principales problemas el financiamiento de la minería ilegal y pidió investigar no solo a quienes realizan la extracción, sino también a quienes financian, compran, transportan y comercializan el mineral.
Frente a esta problemática, propuso diferenciar a los pequeños mineros y mineros artesanales que buscan formalizarse de las estructuras vinculadas a actividades ilegales. En ese sentido, consideró necesario simplificar los trámites y brindar asistencia técnica para facilitar el cumplimiento de las exigencias del Estado.
Oyola también sostuvo que el Gobierno debe generar condiciones para impulsar la minería formal y nuevos proyectos de inversión. En Piura mencionó los proyectos como El Algarrobo como iniciativas cuyo desarrollo requiere procesos técnicos, administrativos y sociales adecuados.
El docente destacó que la minería formal genera recursos para el Estado mediante el canon y las regalías, pero advirtió que el reto está en lograr una gestión eficiente de estos fondos. Afirmó que la población espera que estos ingresos se traduzcan en obras de infraestructura, salud, educación y servicios públicos.
Respecto a los conflictos sociales, señaló que recuperar la confianza de las comunidades exige una mayor presencia del Estado, transparencia en la ejecución presupuestaria y espacios de diálogo. También consideró que las empresas mineras tienen responsabilidad en la construcción de relaciones de confianza con las poblaciones de sus áreas de influencia.
Finalmente, Oyola sostuvo que la lucha contra la minería ilegal y la promoción de la minería formal deben avanzar de manera paralela. Para ello, planteó un Estado con mayor capacidad de fiscalización, pero también con asistencia técnica, procesos de formalización ágiles y una gestión eficiente de los recursos generados por la actividad minera.
