Desconfianza política y brecha territorial frenan la participación ciudadana en el Perú, advierten especialistas

Organizaciones destacan que herramientas como las audiencias públicas, el acceso a la información y la vigilancia ciudadana contribuyen a una democracia más participativa.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que el 93.4% de los peruanos desconfía del Congreso de la República y el 94.6% de los partidos políticos. A ello se suma que el 76.1% de la población considera que la democracia funciona mal o muy mal en el país, mientras que el 40.8% percibe que este sistema sirve para ser representados. Frente a este escenario, especialistas destacan la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para acercar a la población a las decisiones públicas. «La participación ciudadana puede ser informativa, consultiva, decisoria o de cogestión», explicó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) sobre las distintas formas de involucramiento.
Esta problemática se agrava por una brecha territorial en el conocimiento cívico. Según cifras del INEI, el 62.0% de las personas que viven en ciudades afirma saber qué es la democracia, mientras que en las áreas rurales la proporción desciende al 27.5%. Ante este panorama, la Asociación Internacional para la Participación Pública (IAP2) Latinoamérica propuso descentralizar los espacios de diálogo hacia comunidades periféricas. «La participación no puede limitarse a las grandes ciudades. También debe estar presente en zonas rurales, comunidades periféricas y territorios donde las instituciones muchas veces tienen menor alcance», precisó la entidad, tras remarcar que las políticas públicas ganan legitimidad cuando consideran el territorio y sus desigualdades.
Para hacer frente a esta situación, existen herramientas concretas como las audiencias públicas —obligatorias en los niveles regional y local—, las solicitudes de acceso a la información y la rendición de cuentas, así como los espacios de trabajo conjunto y las consultas directas que permiten articular propuestas entre la sociedad civil y los distintos niveles de gobierno. Según indica el Instituto Peruano de Derecho Electoral, la supervisión ciudadana es la que promueve la transparencia y asegura que las decisiones reflejen las necesidades reales de la población.
En Piura, fortalecer estos mecanismos de participación resulta especialmente relevante por la diversidad de realidades entre sus zonas urbanas y rurales. Acercar las audiencias públicas, la rendición de cuentas y los espacios de diálogo a las provincias y comunidades permitiría incorporar de manera más efectiva las demandas de la población en decisiones sobre infraestructura, seguridad, servicios públicos y prevención ante el Fenómeno El Niño, contribuyendo a recuperar la confianza en las instituciones.