Erick Chuquitapa, economista de Redes, señala que las 66 medidas del Ejecutivo carecen de precisión y pide diferenciar la minería informal de la ilegal para aplicar sanciones e incentivos adecuados.
Erick Chuquitapa, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), analizó la problemática de la minería informal e ilegal en Cusco a propósito del pedido de facultades legislativas por 120 días presentado por el Ejecutivo al Congreso. La iniciativa gubernamental contempla un paquete de 66 medidas que buscan actualizar el marco normativo sobre concesiones, formalización y trazabilidad en el sector. Sin embargo, el especialista advirtió que el proyecto carece de una precisión exacta sobre su planteamiento y no define una línea clara ni específica para abordar de manera integral el combate contra la actividad ilícita en la región.
Frente a este escenario, Chuquitapa enfatizó la urgencia de distinguir ambas actividades. La minería informal opera en zonas permitidas y puede ingresar a un proceso de formalización, mientras que la ilegal actúa fuera de la ley y en zonas prohibidas. «No todo minero informal es un minero ilegal», remarcó el economista, y subrayó que esa diferencia es clave porque define quién necesita acompañamiento para regularizarse y quién requiere fiscalización y persecución penal.
Por último, el experto indicó que la estrategia nacional contra este flagelo debe trascender la sola proyección de iniciativas legislativas y enfocarse en mecanismos operativos de trazabilidad e interdicción eficientes. En ese sentido, Chuquitapa sostuvo que el verdadero desafío consiste en «cómo convertir esto que ya está trabajado en reglas operativas y responsabilidades que se puedan verificar». Asimismo, concluyó que una solución integral requiere de una acción articulada entre el Gobierno nacional, regional y local para fiscalizar de manera continua toda la cadena de valor, desde el transporte de insumos hasta la comercialización final del mineral.
Aunque el análisis se centra en Cusco, la discusión también resulta pertinente para Piura, donde la actividad minera forma parte de la economía regional y requiere reglas claras para diferenciar a quienes buscan formalizarse de quienes operan al margen de la ley.
