La Contraloría General de República retomó su capacidad sancionadora y este año ya iniciará procedimientos a funcionarios que habrían tenido inconductas funcionales en diversos procesos del 2022.
El contralor de la República, Nelson Shack, afirmó que durante el año pasado se detectaron 8,730 funcionarios públicos con presuntas responsabilidades penales, civiles y administrativas, por malos manejos de los fondos públicos.
De estos, 3,500 son de gobiernos locales, 2,250 pertenecen a los gobiernos regionales y 3,050 al gobierno nacional. Sin embargo, la Contraloría no tiene capacidad sancionadora sobre todos los funcionarios detectados. “De esos más de 8,000 funcionarios, la Contraloría se va a encargar de procesar, a través del procedimiento administrativo sancionador, solo a 1,000. El resto no es competencia de la Contraloría”, dijo el contralor en la Comisión de Presupuesto del Congreso.
Shack precisó que estos funcionarios pueden ser absueltos o inhabilitados de la función pública en caso se compruebe su responsabilidad en el mal uso de los recursos. Se comprometió a que estos procesos se terminarán este año.
“El proceso administrativo sancionador no puede durar cinco u ocho años. Tiene que durar uno y punto”, refirió.
Los otros 7,700 funcionarios con posibles responsabilidades funcionales, deben ser procesados por sus propias instituciones.
