En este periodo congresal, se han presentado 40 proyectos para reformar el capítulo económico de la Carta Magna. Es importante destacar que estas propuestas legislativas, en su mayoría buscan realizar cambios al rol del Estado en la economía y que tenga una mayor participación. Sin embargo, no se están tomando en cuenta los daños que generaron en el pasado político como la creación de empresas públicas.
El Instituto Peruano de Economía explicó mediante una publicación en Twitter que el Estado se involucró en empresas públicas en la segunda mitad del siglo XX y según estudios, el ineficiente manejo de estas empresas condujo a pérdidas financieras y mayores pasivos fiscales para la mayoría de las economías que adoptaron dichas prácticas.
“Para lograr los objetivos que se buscan con las propuestas de reforma no se requiere de un cambio constitucional, sino de una mejora en las capacidades del Estado”, indicaron.
Asimismo, dieron como ejemplo la situación de Chile, donde atravesaron un proceso de elección de una convención constitucional para promover una nueva constitución. Esto les afectó económicamente.
“Mientras su moneda fue una de las más emergentes qué más se depreció en el 2021, un 70% de las empresas encuestadas por su Banco Central dijo que no invertiría en el 2022”. Por ello, el Instituto Peruano de Economía considera que Chile ilustra algunos riesgos que tendría el Perú frente a una propuesta como la convocatoria de una asamblea Constituyente.
