Conflictividad social y sobrerregulación entre las causas que evitaron el desarrollo de la minería.
En los últimos 15 años, varios proyectos mineros no vieron la luz por razones ajenas a las empresas y más bien por factores de orden político, así como por la sobrerregulación. ¿Esta oportunidad perdida cuánto le puede haber costado al país en términos de ingresos fiscales, inversión y empleo?
Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) hace dicho cálculo y las conclusiones son desalentadoras si se toma los beneficios que dejamos de aprovechar y que ahora necesitamos.
En primer lugar, el IPE estima que el costo de la no ejecución de 23 proyectos mineros en cartera entre 2008 y 2022, significó pérdidas a la economía peruana por S/698 mil millones y de S/123 mil millones en recaudación fiscal.
Carlos Gallardo, gerente general del IPE, explicó que, en términos de empleos, la no ejecución de proyectos mineros evitó que se creen hasta 541 mil empleos anuales durante la fase de producción y de hasta 125 mil empleos anuales durante la fase de inversión minera.
“La puesta en marcha de estos proyectos habría permitido aumentar el crecimiento promedio anual de la economía de 3.9% a 4.7% en el periodo entre 2008 y 2022. Con ello, 1.7 millones de personas adicionales habrían salido de la pobreza hacia 2022″, resaltó el economista.
Conflictividad
La investigación también dio cuenta de que el entorno de negocios para la minería en los últimos años registró una serie de debilidades que han limitado el aprovechamiento del potencial minero.
Y uno de estos es la conflictividad social. El estudio revela que entre 2021 e inicios de 2023, la conflictividad social obligó a 11 de las principales unidades mineras a detener sus operaciones, ocasionando pérdidas por S/7,000 millones en términos de menor PBI.
Con ello, el ritmo de crecimiento económico ha sido menor en 1.1 puntos porcentuales, según lo estimado por el IPE. Asimismo, la recaudación fiscal podría haber aumentado en S/1,800 millones, es decir, 5.2% adicional de lo recaudado por el sector minero durante dicho periodo.
Sobrerregulación
Otro factor que afectó el desarrollo de los proyectos mineros ha sido la sobrerregulación o complejidad regulatoria, según el estudio.
Se identificó que los principales cuellos de botella están relacionados con los instrumentos de gestión ambiental y el proceso de consulta previa, en las fases de inversión y preparación de la cadena productiva.
El IPE estimó que las demoras por la tramitología pueden extender el cumplimiento de los procesos administrativos en hasta 6 o 7 años, más del doble del tiempo normativo de 2 y 3 años.
“Es urgente implementar políticas coordinadas que enfrenten las causas subyacentes de la conflictividad social y la tramitología”, concluyó Gallardo.
Fuente: Perú 21
